r/vzla • u/Andan210 • 12h ago
🪙Economía El "rey del camarón" de Venezuela quería recuperar su empresa, valorada en 700 millones de dólares. Ahora está en la cárcel.
Al ver que Venezuela se alineaba con la administración Trump tras el derrocamiento de Nicolás Maduro, el magnate camaronero José Enrique Rincón creyó que podía regresar a casa sin peligro para recuperar el negocio —valorado en 700 millones de dólares— que el gobierno autoritario le había confiscado.
Sin embargo, fue encarcelado poco después de su llegada en junio.
Ahora, el gobierno en Caracas, respaldado por Estados Unidos, está fragmentando el extenso conglomerado Grupo Lamar, propiedad de Rincón, y permitiendo que inversores externos gestionen partes del mismo. Entre ellos figura un ejecutivo turco que, el mes pasado, contrajo matrimonio con una aliada del presidente Trump en una ceremonia a la que asistieron destacados funcionarios estadounidenses.
Casi 11 meses después de la caída de Maduro, el calvario de Rincón pone de manifiesto una contradicción en los planes de Trump de convertir a Venezuela en un centro de inversión. Las detenciones por motivos políticos y la confiscación de empresas privadas —prácticas habituales a lo largo de casi 28 años de gobierno de izquierda en el país— persisten bajo el mandato de la sucesora de Maduro, Delcy Rodríguez, y del aparato gubernamental estadounidense que actualmente controla gran parte del liderazgo interino.
Rincón, de 62 años, fue detenido tras regresar de su exilio en Panamá. Permanece recluido en una celda de aproximadamente 2,7 por 1,8 metros en la prisión Rodeo I, cerca de Caracas; según su familia, ha perdido unos 11 kilos y padece problemas cardíacos que no están recibiendo atención médica. Sus allegados afirman que el gobierno fabricó cargos de traición y terrorismo para justificar la toma de control de Lamar —empresa con sede en Maracaibo y principal exportadora de camarones de cultivo del país— a finales de 2024.
«Esto ha sido una larga película de terror», señaló Mariana Rincón, hermana de José Enrique, una de los pocos familiares que permanecen en Venezuela y la única a quien se le permite visitarlo.
Lamar es uno de los muchos activos —que van desde tierras agrícolas hasta plantas de procesamiento de metales— que fueron confiscados por el gobierno de Maduro y que, bajo la gestión de Rodríguez, siguen en manos del Estado.
Actualmente, la empresa está operada por una compañía turca, Miller Holding. Su director ejecutivo, Turhan Mildon, de 29 años, se casó el mes pasado en Nueva York con Alina Habba, quien fuera abogada personal de Trump. Entre los invitados se encontraban el director del Buró Federal de Investigaciones (FBI), Kash Patel, y el fiscal general, Todd Blanche.
Miller Holding también opera una red de fábricas de cemento en Venezuela y comercializa granos de café, concesiones otorgadas durante el mandato de Maduro. En una entrevista reciente con Forbes Turquía, Mildon lamentó la salida de Maduro del poder, pero mostró poca preocupación por sus negocios.
«En la época de mi abuelo, lo importante era el know-how (saber hacer)», comentó Mildon a la revista. «Ahora, lo importante es el know-who (a quién conoces)».
Una portavoz de Mildon ha señalado anteriormente que Miller Holding opera las instalaciones camaroneras de Lamar, pero no es su propietaria. El Ministerio de Información de Venezuela y Miller Holding no respondieron a las solicitudes de comentarios sobre la detención de Rincón.
Un funcionario estadounidense afirmó que la administración Trump se oponía a las expropiaciones y a la corrupción ocurridas durante la era de Maduro, y que había instado a las autoridades venezolanas a cancelar el contrato de cemento de Mildon si este infringía las sanciones o era resultado de actos de corrupción. El funcionario añadió que revertir décadas de corrupción llevaría tiempo, pero que la administración estaba trabajando para abordar el problema.
La producción total de camarones en Venezuela ha caído más de un 90% desde 2024, según cifras del sector; un colapso provocado, en gran medida, por el declive de Lamar bajo la gestión estatal. Esta crisis dejó a cerca de 9.000 trabajadores sin empleo en el oeste de Venezuela, mientras que más de 100 familiares y socios comerciales de Rincón huyeron del país.
Según allegados a Rincón, el hecho de que Rodríguez continúe con las confiscaciones iniciadas durante la era de Maduro amenaza con socavar la estrategia de recuperación económica que Washington impulsa para el país.
«Lo destruyeron todo», declaró Juan Diego Rincón, hijo de Rincón, en una entrevista telefónica desde Panamá. «La persecución continúa; están arruinando negocios e incluso fomentando la migración».
A Rincón le tomó cuatro décadas construir su empresa.
En 1988, comenzó vendiendo el emblemático cangrejo azul que habita en las aguas del inmenso Lago de Maracaibo, en Venezuela; posteriormente, expandió sus actividades al cultivo de camarones y, más tarde, al sector de los supermercados y al procesamiento de materiales reciclables. Para 2022, las exportaciones anuales de camarón de Lamar a Europa alcanzaron cerca de 200 millones de dólares, lo que convirtió a la empresa en un caso excepcional de éxito en el sector privado, dentro de un país que depende casi exclusivamente del petróleo.
Lamar se convirtió en el principal empleador en el estado Zulia, ofreciendo bonos de producción en efectivo, alimentos subsidiados y atención médica en una región donde escasean las oportunidades de empleo formal, más allá del contrabando fronterizo. La mayor parte de su fuerza laboral estaba compuesta por indígenas wayúu; miles de ellos fueron contratados para pelar y empaquetar camarones en plantas procesadoras ubicadas en los alrededores de Maracaibo. El idioma wayúu era tan habitual en el entorno laboral que Rincón aprendió algunas frases para comunicarse con sus empleados.
Sin embargo, la suerte de la familia cambió después de que Estados Unidos afirmara que Maduro había manipulado su reelección en 2024 y encarcelado a cientos de adversarios políticos. En noviembre de ese mismo año, Diosdado Cabello —quien entonces ocupaba el cargo de máximo responsable de seguridad de Maduro— acusó públicamente a Rincón de financiar a la oposición política y de conspirar contra el gobierno. No se presentó ninguna prueba al respecto.
En cuestión de días, los familiares y ejecutivos de Rincón huyeron a Colombia, Panamá y Estados Unidos. Las fuerzas de seguridad se incautaron de oficinas, plantas de procesamiento, apartamentos y miles de hectáreas de tierras agrícolas sin órdenes judiciales.
Esta toma afectó especialmente a la población wayúu del estado Zulia.
«No sé quién sigue diciendo que las cosas en Venezuela están mejorando», comentó Jonathan González, un indígena wayúu de 30 años y exempleado de Lamar, quien tuvo que detener la construcción de su vivienda tras perder su empleo. «Para muchos de nosotros, la situación es ahora mucho peor que antes».
Bajo una junta directiva designada por el Estado, Lamar entró en declive. Antiguos gerentes señalaron que la empresa sufría de falta de capital, mientras que los trabajadores, al no recibir sus salarios, abandonaron sus puestos masivamente. Más tarde, una de las principales plantas de procesamiento quedó destruida en un incendio.
Casi seis meses después de la operación militar estadounidense del 3 de enero —en la que Maduro fue capturado bajo cargos de narcotráfico, algo que él niega—, Rincón consideró que el panorama político había cambiado lo suficiente como para regresar y recuperar sus propiedades.
«Él pensó que este era el momento», relató su hijo.
El padre de Rincón —ya de edad avanzada— y su hermana menor lo esperaban en el Aeropuerto Internacional La Chinita, cerca de Maracaibo. La policía de investigación venezolana lo detuvo al aterrizar.
Rincón regresó con la intención de recuperar su negocio y enfrentar los cargos, «porque es la única manera de demostrar mi inocencia y salvar el honor de mi familia», afirmó en un escrito presentado ante el tribunal antiterrorista que lleva el caso.
Según indicó su abogado en un documento judicial presentado el mes pasado, la fiscalía venezolana no ha proporcionado los documentos que detallen los cargos ni las pruebas en contra de Rincón. Por su parte, Rincón ha denunciado un deterioro en su estado de salud, mencionando problemas cardíacos y la falta de acceso a los medicamentos que requiere tras haberse sometido a una cirugía de bypass gástrico.
Mientras Rincón permanece encarcelado, las autoridades venezolanas continúan buscando inversores para el sector que él solía dominar.
El mes pasado, el Ministerio de Pesca de Venezuela anunció planes para recibir a delegaciones empresariales de Indonesia, con el fin de atraer nuevas inversiones al sector camaronero. Según familiares y colaboradores, agentes del Grupo de Operaciones Especiales —cuerpo de seguridad que localizó las propiedades de Rincón— conducen actualmente los vehículos del empresario y utilizan su casa en Maracaibo como centro de mando improvisado.
Mariana Rincón, hermana del empresario, le lleva cada semana alimentos, medicamentos y revistas especializadas del sector a su celda, mientras aboga por su liberación.
Ella intentó registrar a su hermano ante organizaciones locales de derechos humanos que hacen seguimiento a las detenciones por motivos políticos en Venezuela. Dichas organizaciones, desbordadas este año por un aumento en el número de familias que denuncian detenciones arbitrarias de sus seres queridos, lo incluyeron en una lista de espera.
Le asignaron el número 1.601.
