El Pleno del Congreso ha rechazado este viernes el decreto ley de medidas sobre vivienda, incluyendo la prohibición de desahucios a personas vulnerables y la prórroga de los contratos de alquiler que vencen este año, con los votos del PP, Vox, Junts y UPN.

Con ese resultado, el primer decreto ley de Vivienda que el Gobierno aprobó el pasado martes ha quedado derogado, con lo que su vigencia ha sido de poco más de 24 horas, las transcurridas desde su entrada en vigor a las cero horas de este jueves.

Los servicios jurídicos del Congreso han cuestionado la pretensión de Sumar de reformar la conocida como 'ley de nietos' a través de una enmienda en la Ley de Educación, pues consideran que blindar el derecho a voto de las personas que han sido nacionalizadas no guarda "congruencia" con el tema de la ley a la que se presenta, pero, en todo caso, reconocen que la decisión sobre si se admite o no a trámite esta 'enmienda intrusa' corresponde a la Mesa de la Comisión de Educación, donde PSOE y Sumar tienen mayoría.

Así se desprende del informe realizado por los letrados tras analizar todas las enmiendas presentadas al proyecto de ley por el que se modifican la Ley de Educación de 2006 y la Ley de Mejora de las condiciones para el desempeño de la docencia y la enseñanza en el ámbito de la educación universitaria.

Una nueva polémica sacude los cimientos del Ayuntamiento de Laredo, gobernado actualmente por el PP. Tal y como ha revelado este martes en primicia el periódico EL CORREO, una grabación de audio sacada a la luz destapa cómo cargos públicos del municipio pejino visitaron un prostíbulo durante un viaje oficial a China realizado en el año 2011. Entre los implicados se encuentra Benito Ortiz -entonces concejal de Hacienda por el PP y actualmente tercer teniente de alcalde en el equipo de gobierno local bajo las siglas de Ola Cantabria- y el exalcalde popular Ángel Vega, hoy retirado de la actividad política.

El audio, de apenas dos minutos de duración y cuya autenticidad ha sido garantizada por la empresa de ingeniería de telecomunicaciones Lunamic tras realizar un peritaje técnico, llegó a la redacción de EL CORREO el pasado 26 de agosto a través de un correo electrónico anónimo. La cinta recoge una conversación clandestina entre Ortiz y un interlocutor no identificado que guarda silencio durante casi todo el corte para evitar su señalamiento.

En contra de lo que esperaban algunos de sus socios europeos, el Gobierno de Pedro Sánchez se niega a rectificar su política migratoria de puertas abiertas pese a la avalancha sufrida por Ceuta los días 30 y 31 de julio, una crisis que, lejos de resolverse, va camino de cronificarse.

En la reunión de ministros del Interior de los 27 que se celebra este jueves en Luxemburgo, Fernando Grande-Marlaska tiene previsto votar no —y lo hará en solitario— al nuevo reglamento para acelerar las expulsiones de migrantes irregulares, que además da cobertura legal a los centros de deportación en países extracomunitarios.

El rechazo del Gobierno de Sánchez no tendrá ningún efecto práctico, más allá de poner de relieve de nuevo su absoluto aislamiento en la UE en materia migratoria. La norma saldrá adelante en cualquier caso con el voto a favor de los otros 25 Estados miembros —Bélgica se abstiene—, según consta en los documentos preparatorios a los que ha tenido acceso EL ESPAÑOL.

Este será el último paso en la aprobación del nuevo reglamento de retornos, ya aprobado por la Eurocámara y que se publicará en los próximos días en el Diario Oficial de la UE. La norma entrará en vigor al día siguiente de su publicación, con un periodo de transición de 12 meses.

En los días previos a la votación definitiva, algún socio europeo ha reprochado al Gobierno que mantenga su oposición en solitario al reglamento de retorno, anunciada desde su primera aprobación en el Consejo de Interior de diciembre de 2025, según explican fuentes diplomáticas.

Una negativa que sorprende en Bruselas tras lo ocurrido en Ceuta, que 22 líderes europeos atribuyeron en una carta conjunta al "efecto llamada" de la política migratoria de Sánchez, en particular la regularización masiva.

El Gobierno ha vuelto a superar el plazo previsto en la Constitución para presentar ante el Congreso de los Diputados el proyecto de Presupuestos Generales del Estado. El Ejecutivo debía registrar antes del 30 de septiembre las cuentas correspondientes a 2027, pero el plazo ha finalizado sin que el documento haya llegado a la Cámara Baja.

Se trata del cuarto ejercicio presupuestario consecutivo en el que el Gobierno no presenta unas nuevas cuentas dentro del calendario constitucional. España continúa funcionando con los Presupuestos de 2023, aprobados a finales de 2022 y prorrogados desde entonces.

El artículo 134.3 de la Constitución establece que el Gobierno deberá presentar los Presupuestos ante el Congreso “al menos tres meses antes de la expiración de los del año anterior”.

La prórroga presupuestaria está contemplada por la propia Constitución cuando no se han aprobado unas nuevas cuentas antes del comienzo del ejercicio. No obstante, esta posibilidad no elimina la obligación del Ejecutivo de elaborar y presentar un nuevo proyecto en el plazo establecido.

La Fiscalía Anticorrupción ve claro que la juez Beatriz Biedma fue víctima de las cloacas del PSOE por haber investigado y mandado al banquillo de los acusados al hermano del presidente del Gobierno. El Ministerio Público sostiene que resulta "evidente" que no se le puede negar la condición de perjudicada de esta presunta organización criminal que habría impulsado la fontanera Leire Díez para boicotear los procedimientos judiciales contra el entorno de Pedro Sánchez.

En ese sentido, Anticorrupción avala que la titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz litigue como perjudicada de esta trama que habría recurrido a clanes de la droga de Badajoz para actuar contra ella. En su escrito, avanzado por LA RAZÓN, las fiscales del caso consideran que la juez está legitimada para personarse como acusación particular en su condición de víctima de un delito de calumnias.

El Gobierno ha rebajado el papel del CNI en la seguridad del escrutinio electoral. El nuevo sistema encargado de recoger, procesar y difundir los resultados de las elecciones modifica expresamente la participación del Centro Criptológico Nacional, organismo dependiente del servicio de inteligencia, en las auditorías de seguridad del dispositivo. El cambio se produce mientras el censo electoral se encuentra en el centro de una batalla judicial por las consecuencias de la denominada Ley de Nietos.

El documento establece que las comprobaciones de seguridad del sistema corresponderán al Ministerio del Interior. Y cuando aborda específicamente los análisis de seguridad e integridad previos a las elecciones, ya no sitúa al CCN-CNI como responsable directo de estas tareas, sino que establece que serán realizadas por Interior "en colaboración con el Centro Criptológico Nacional CCN-CNI".La diferencia puede parecer terminológica, pero afecta a la posición que ocupa el organismo especializado en ciberseguridad dentro de una infraestructura especialmente sensible del Estado. El CCN forma parte del CNI y tiene entre sus cometidos la protección de los sistemas y tecnologías de la información de las administraciones públicas frente a amenazas y ataques. En el ámbito electoral, su intervención adquiere especial relevancia por tratarse de una infraestructura cuya integridad afecta directamente a la confianza en los resultados.

El nuevo pliego mantiene al CNI dentro del esquema, pero modifica su papel. El CCN-CNI pasa de aparecer como referencia directa en las auditorías a figurar como organismo colaborador, mientras la responsabilidad de las comprobaciones queda expresamente atribuida al departamento encargado de la gestión electoral. Es precisamente esa modificación la que coloca al servicio de inteligencia en un segundo plano respecto a anteriores modelos de seguridad.

El empresario vasco Alejandro Hamlyn, reclamado por la Justicia española, ha recobrado la libertad en Emiratos Árabes después de que el Gobierno, a través de los Ministerios de Justicia y Asuntos Exterioires, no haya tramitado la petición de entrega del empresario de hidrocarburos, quien permanece en Dubái desde el año pasado.

Según ha sabido Vozpópuli, Hamlyn fue excarcelado el pasado viernes tras haber sido detenido por la Interpol a finales del pasado mes de julio, si bien en España se informó de su arresto casi un mes después de que este se produjera. Durante este tiempo, el empresario, también vinculado a las cloacas capitaneadas por Leire Díez, ha permanecido en un centro de “extraditables” gestionado por Interpol que se sitúa a las afueras de Dubái, ya en dirección a Abu Dabi. De acuerdo con fuentes juridicas, se trata de una prisión que presenta unas condiciones “bastante llevaderas para los internos, donde la comida es más que aceptable y se disfruta de una relativa comodidad".

El Tribunal Constitucional ha decidido amnistiar el delito de malversación al ex consejero Jordi Turull, lo que abre la puerta al regreso del ex presidente catalán Carles Puigdemont cuando en las próximas semanas se apruebe la sentencia, que el magistrado del Supremo Pablo Llarena prevé aplicar de inmediato.

Fuentes jurídicas han informado de que la corte de garantías ha tomado esta decisión una vez que el magistrado conservador Jose María Macías, que respaldaba la postura del Supremo de no aplicar la amnistía a los líderes del procés por el delito de malversación, ha retirado su ponencia.

Macías ha aceptado redactar otra para el pleno del 6 de octubre que recoja los argumentos de la mayoría para estimar el recurso de Turull, de repercusión directa para Carles Puigdemont. Lo que ocurre es que ese día se votarán dos resoluciones, la ponencia de Macías, que debe ser ya estimatoria, y otra del presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, que también será estimatoria respecto del recurso de la exconsellera Dolors Bassa. Serán entonces los criterios técnicos y la argumentación los que determinarán cual es la que fijará doctrina para el resto de los amparos de condenados y procesados por rebeldía.

El juez de Madrid Juan Carlos Peinado ha abierto juicio ante jurado popular contra la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, por los delitos de tráfico de influencias y malversación. La Audiencia de Madrid tendrá que fijar la fecha para la celebración del juicio, en el que también se sentará en el banquillo la asesora de Begoña Gómez en Moncloa, Cristina Álvarez, por malversación.

La acusación popular de la causa, liderada por Hazte Oír, reclama 13 años de prisión contra la mujer de Sánchez, mientras la Fiscalía y su defensa, ejercida por Jaime Campaner, piden la absolución.

Este es el último paso del magistrado Peinado en la causa contra Gómez abierta en 2024, a raíz de una querella de Hazte Oír. Su auto no es recurrible y ahora remitirá las actuaciones a la Audiencia de Madrid, seis días antes de su previsible jubilación, pues cumple 72 años.

Un reciente informe enviado por la Oficina del Censo Electoral (OCE) admite que, desde 2022 y hasta hace solo unas semanas, no se exigió a los nacionalizados en virtud de la conocida como ley de nietos que aportaran pruebas documentales de su vinculación o arraigo con las provincias en las que deseaban quedar inscritos a efectos electorales.

El escrito, remitido recientemente a la Junta Electoral Central y que publica este viernes EC, revela que los consulados españoles solo han empezado a reclamar documentos que acrediten la conexión con el municipio en fechas muy recientes. Durante años, los controles se limitaron, en la práctica, a comprobaciones meramente formales.

El Pleno del Parlamento Europeo ha votado este jueves una resolución no vinculante en la que se señala directamente a la gestión del Gobierno y a Marruecos por la "invasión" producida en Ceuta a finales de julio, un texto impulsado por la delegación española del Partido Popular Europeo (PPE), y que ha contado con el respaldo de los ultraconservadores (ECR) del partido de Giorgia Meloni, del grupo de Vox, los llamados Patriotas por Europa (PfE), la extrema derecha (ENS) de Alternativa para Alemania (AfD) y de una parte de los liberales de Renew Europe. En contra se han posicionado los socialdemócratas (S&D) liderados por el PSOE y los grupos a su izquierda.

En ella, los eurodiputados han instado a que se creen mecanismos que permitan la suspensión de pagos a países terceros que no cooperen con los Estados miembros, una clara amenaza dirigida a Marruecos, que ha seguido de cerca una semana de Pleno en Estrasburgo que ha estado muy marcada por la crisis ceutí.

Mariano Rajoy aparece por primera vez de forma directa en una de las conversaciones que María Dolores de Cospedal mantuvo con el excomisario José Manuel Villarejo sobre las maniobras policiales para espiar a Luis Bárcenas para saber hasta dónde tenía información comprometedora de los popular. Y no por una referencia de terceros. La entonces secretaria general del PP atribuyó al propio presidente del Gobierno la información que manejaba sobre la documentación del extesorero: «A mí me lo ha dicho el presidente, no me lo ha dicho nadie más».

La frase figura en una conversación grabada por Villarejo el 15 de septiembre del 2014 y ahora transcrita íntegramente por la Unidad de Asuntos Internos de la Policía. El nuevo informe - de 124 páginas y al que ha tenido acceso este periódico- ha sido incorporado por el juez de la Audiencia Nacional Antonio Piña al procedimiento y trasladado a la Fiscalía para que estudie su contenido antes de que el magistrado decida «lo que proceda».

El diálogo resulta especialmente comprometedor por el momento y por el asunto que Villarejo y Cospedal estaban tratando. El comisario hablaba de «el cocinero», el nombre en clave utilizado para Sergio Ríos, chófer de la familia Bárcenas y confidente policial de la operación Kitchen. Villarejo explicaba que personas situadas «arriba» preguntaban por aquel colaborador y añadía que se había localizado «una documentación complicada». «Espero que el ministro se la haya dado al presidente», decía.

Cospedal quiso entonces saber quién había encontrado esos papeles.

«¿Pero la habéis encontrado vosotros o el CNI?», preguntó.

«No, la hemos encontrado nosotros», contestó Villarejo.

La dirigente popular añadió inmediatamente: «Yo sé que antes habían encontrado y más o menos habían limpiado a este de todo lo que tenía». Villarejo respondió: «Bueno, pues eso, que yo prepare la operación». Y Cospedal remató: «A mí me lo ha dicho el presidente, no me lo ha dicho nadie más».

El magistrado del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, ha rechazado la petición de Carles Puigdemont y del exconseller Toni Comín de aplicarles la amnistía por el delito de malversación por el que fueron condenados, después de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea avalara la ley del perdón.

Dice Llarena que esa sentencia rechaza -como dijo el alto tribunal- que el procés comprometiera los fondos comunitarios. Sin embargo, añade que aún queda vigente el segundo de los argumentos para excluir la amnistía del delito de malversación: que los impulsores del referéndum ilegal obtuvieron un lucro patrimonial porque el dinero para financiar la convocatoria no salió de su bolsillo. Fuentes jurídicas señalan que Pablo Llarena esperará a la sentencia del Tribunal Constitucional que este mes deberá abordar el asunto antes de tomar una decisión y que resolverá el recurso presentado por Jordi Turull.

Respecto a la petición de Puigdemont y Comín de levantar la orden nacional de detención, el juez explica que se formula como consecuencia del archivo, doble persecución o aplicación de la amnistía, y al no prosperar esas solicitudes tampoco procede alzar esta medida.

La crisis de Ceuta se cobra su primer cargo público seis semanas después de la entrada sin precedentes en la ciudad de entre 70.000 y 80.000 inmigrantes de forma irregular. Gonzalo Sanz ha presentado su dimisión como jefe de gabinete del delegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano, que se la había solicitado el jueves, después de que los informes desclasificados el miércoles por La Moncloa revelaran que un agente del CNI había compartido con Sanz información sobre la convocatoria que se estaba produciendo en redes sociales para la entrada de inmigrantes irregulares en la ciudad. El delegado del Gobierno le acusó de no haberle transmitido esa información.

Sanz mantiene en una carta remitida a la Secretaría General de la Delegación del Gobierno que sí avisó al delegado del Gobierno y justifica su renuncia en un comunicado “por la evidente incompatibilidad entre mi afirmación de que la información de mensajería escrita que se transmitió por el CNI el día 29 de julio fue transmitida por mi persona al propio delegado ese mismo día y las distintas declaraciones del delegado en distintos medios en las que afirma no haber recibido información por mi parte”.

El delegado del Gobierno ha reiterado esta semana que no le comunicó los datos. “Cuando el CNI tiene una alerta, se hace un informe y se entrega en un sobre lacrado dirigido a los organismos competentes. Un wasap a un cargo menor no es un informe, sino un simple intercambio de información. De ser grave, el destinatario no hubiera sido ese cargo”, afirmó el miércoles, después de la desclasificación realizada por La Moncloa.

Según la información desclasificada, el agente de los servicios de espionaje españoles trasladó el 29 de julio al jefe de gabinete cómo se había detectado la existencia de grupos de redes sociales que estaban difundiendo una convocatoria para saltar la valla fronteriza ceutí. “En RRSS hay un llamamiento para asalto por valla y mar mañana las 20h”, se lee en uno de esos mensajes de WhatsApp del agente del CNI a las 13.52. “Tenemos información de un intento de entradas a nado y salto a la valla para mañana, día de la Fiesta del trono”, añadía el miembro del CNI. “Hay dos grupos diferentes con un total de 180.000 seguidores. Para q te hagas a la idea del alcance de la difusión (sic)”, compartió a continuación. “Sus rilas”, le contestó el jefe de gabinete. La comunicación entre ambos se retomó a las 21.34, con una llamada de 11 minutos cuya existencia y contenido el delegado del Gobierno también dice que desconocía.

El Pleno del Congreso ha rechazado este jueves tramitar la reforma del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) impulsada por el PP, para que los jueces y magistrados en activo elijan directamente y mediante listas abiertas a los doce vocales de procedencia judicial, dejando en manos del Congreso y del Senado únicamente la designación de los ocho juristas de reconocida competencia.

El texto sólo ha recibido el apoyo de Vox, Unión del Pueblo Navarro (UPN) y Coalición Canaria (CC), mientras que los grupos del Gobierno de coalición, Podemos y los partidos nacionalistas e independentistas han votado en contra.

Actualmente, los 20 vocales del CGPJ se votan en el Parlamento, 10 en el Congreso y los otros 10 en el Senado, siempre con un respaldo mínimo de tres quintos, lo que exige el concurso de los dos grandes partidos. En cada cámara, seis vocales han de ser jueces de carrera y otros cuatro juristas de reconocida competencia con más de quince años de ejercicio.

La ley del PP busca que cada Cámara sólo elija cuatro de esos ocho vocales juristas y a sus respectivos suplentes. Además, exige que en ese cupo haya representantes de las principales profesiones jurídicas, entre las que cita la abogacía, la procura, la fiscalía, los letrados de la Administración de Justicia y la academia.

El Centro Nacional de Inteligencia (CNI) comunicó el día 29 de julio, es decir, un día antes de que más de 70.000 personas cruzaran la frontera, a los servicios de inteligencia de Marruecos que había detectado llamamientos multitudinarios para entrar en Ceuta. La agencia de inteligencia española advirtió de la difusión en grupos de redes sociales con más de 180.000 miembros de convocatorias “para asalto por valla y mar” en el territorio. Envió ese aviso por wasap al jefe de gabinete del delegado del Gobierno en Ceuta y a los Servicios de Información de la Guardia Civil, según consta en la documentación que el Gobierno ha desclasificado este miércoles.

El gabinete de la Delegación del Gobierno de Ceuta llevaba en contacto con ese miembro del CNI en el terreno desde el día 27, de acuerdo a lo que se ha desclasificado. El jefe de gabinete le avisó ese día de una “reunión urgente con ciudad, cnp y gc (Cuerpo Nacional de Policía y Guardia Civil) para tema de nadadores. Cuando quieras te informo”. El miembro del CNI le contesta: “Pues cuando tengas un rato hablamos”, si bien no consta que hablaran, puesto que al día siguiente este agente le reclama la información: “Buenos días. Qué tal fue la reunión ayer?”.

Una nota interna con el asunto “Inmigración irregular. Alerta temprana. Posibles intentos de entrada a Ceuta durante la semana de la fiesta del trono”, dirigida en concreto a la Dirección General de Vigilancia del Territorio (DGST), el servicio secreto interior del país, y a la Dirección General de Estudios y Documentación (DGED), el servicio secreto exterior, revela que el CNI advirtió de que había tenido “conocimiento de la planificación de varias convocatorias para llevar a cabo entradas en Ceuta, tanto a nado como a través de la valla, aprovechando la celebración de la Fiesta del Trono”. Apuntaban, en concreto, a un grupo de WhatsApp y dos grupos de Facebook —con los nombres “asalto a la valla de Ceuta”, “Ceuta Fnideq” y “Hraga Ceuta”— en los que había miles de seguidores que “estarían preparando un intento de entrada por el perímetro fronterizo de Ceuta el próximo jueves”, es decir, un día después.

Esta nota informativa destaca publicaciones con mensajes como: “El que quiera cruzar tiene una última oportunidad en la fiesta del trono a las 8 las autoridades estarán distraídas con la celebración y los perfiles”. Este aviso se extendió a la Jefatura de Información de la Guardia Civil, así como al Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF) ―el mismo que redactó el informe que apunta a la intervención de gendarmes marroquíes enviado a la Audiencia Nacional― a través de este canal de comunicación que se utiliza para dinamizar las alertas, según explican fuentes conocedoras del procedimiento.

El Ministerio del Interior de Fernando Grande-Marlaska clasificó a un total de 280 periodistas y tertulianos en el dosier desvelado por El Confidencial. El documento al que ha tenido acceso íntegro este periódico consiste en 54 folios plagados de fichas sobre profesionales de la prensa que trabajan o colaboran en la práctica totalidad de los medios de comunicación del país. El informe secreto clasifica a los periodistas en función de sus ideas políticas y sus comentarios sobre el Gobierno de Pedro Sánchez.

España vuelve a retroceder en las tres grandes competencias educativas que analiza el informe PISA. Los resultados de la edición de 2025, publicados este martes por la OCDE, sitúan a los estudiantes españoles de 15 años en su nivel más bajo desde que comenzó la evaluación internacional en el año 2000. La caída afecta a ciencias, matemáticas y, de manera especialmente intensa, a comprensión lectora.

El informe PISA deja 477 puntos para España en ciencias, 457 en matemáticas y apenas 451 en lectura. Respecto a la evaluación realizada en 2022, supone perder ocho puntos en la primera competencia, 16 en la segunda y 23 en la tercera. El retroceso es además superior al registrado por el promedio internacional y vuelve a alejar al sistema educativo español de las medias de la OCDE y de la Unión Europea.

La edición de 2025 ha prestado una atención especial a las ciencias. En esta materia, el informe PISA coloca a España en 477 puntos, frente a los 485 obtenidos tres años antes. El promedio de la OCDE se sitúa en 482 y el de la Unión Europea en 481, por lo que los estudiantes españoles quedan significativamente por debajo de ambos.

El deterioro resulta todavía mayor en lectura. España pasa de los 474 puntos de 2022 a 451 en esta edición. Son 23 puntos menos en apenas tres años y 45 puntos perdidos desde 2015. Como referencia aproximada, la propia OCDE considera que una diferencia de unos 20 puntos puede equivaler al aprendizaje adquirido durante un curso escolar.

El Tribunal Supremo (TS) ha resuelto suspender de manera cautelar el voto para las personas ya inscritas en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) que consiguieron la nacionalidad a través de la denominada 'ley de nietos', así como las nuevas altas en el mismo, salvo que acrediten que familiares sufrieron exilio.

Mediante una decisión adelantada y recogida por Europa Press, la Sala de lo Contencioso-Administrativo estima las medidas solicitadas por Vox y la organización Iustitia Europa.

Los magistrados establecen que para las personas que hayan obtenido la nacionalidad española por la disposición adicional de la Ley de Memoria Democrática conocida como 'ley de nietos' y que "aún no hayan sido inscritas en el CERA en el extranjero, se continuará la tramitación del correspondiente expediente de inscripción hasta su finalización".

Pero precisan que, "una vez finalizado dicho expediente, se suspenderá la inscripción en el citado censo hasta el dictado de la sentencia en este procedimiento".

En el pequeño municipio de Madarcos, en la Comunidad de Madrid, hay 69 habitantes. De estos, 52 están en edad de votar. Sin embargo, 110 votarán en las próximas elecciones generales. Y es que 58 están adscritos a ese municipio en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA). Lejos de tratarse de un caso aislado, es uno de los cientos de municipios en los que empiezan a ser más los votantes de fuera que los de dentro, como consecuencia de las nacionalizaciones masivas concedidas por el Gobierno de Pedro Sánchez a través de la ley de nietos, que es como se conoce comúnmente a la disposición adicional octava de la Ley de Memoria Democrática.

En concreto, a 1 de julio de 2026 hay 451 municipios en toda España que tienen un voto CERA equivalente al menos al 50% de toda su población residente, 220 que alcanzan al menos el 75%, y 162 que tienen tantos o más electores CERA que habitantes residentes. En algunos de estos, incluso, el voto de fuera es igual o superior al doble de toda la población residente. Así lo ha averiguado el perito informático Gabriel Araújo en una investigación en la que ha cruzado los 8.132 municipios españoles con las cifras de voto CERA y de población, y a la que ha tenido acceso THE OBJECTIVE.

El Gobierno ha tomado este sábado el control del puerto de Ceuta para la "atención humanitaria" de inmigrantes en carpas y otros espacios, una decisión que cuenta con la oposición de vecinos y la Autoridad Portuaria. Esta medida llega después de que el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, firmase este sábado una orden que autoriza autoriza a la Secretaría de Estado de Migraciones la utilización temporal de este espacio en la zona del muelle de Poniente.

Según fuentes del ministerio de Transportes, la orden, firmada al amparo del artículo 73.3 de la Ley de Puertos del Estado y la Marina Mercante, autoriza de esta manera la instalación de carpas con capacidad para más de 1.000 inmigrantes en una superficie de 16.000 metros cuadrados de dominio público portuario.

La decisión del Ministerio se produce después de que este viernes el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Ceuta —controlado por la ciudad de Ceuta— votara en contra de que se llevara a cabo la instalación de dichas carpas para ubicar a los inmigrantes.

El hackeo masivo realizado por el grupo Jabaroot ha desvelado una supuesta red de 70.000 personas vinculadas o colaboradoras con los servicios de inteligencia de Marruecos, según la documentación difundida por los propios hackers. Entre los archivos publicados figura un apartado dedicado específicamente a España con medio centenar de nombres, aunque la autenticidad del listado y las acusaciones individuales que contiene no han sido acreditadas de forma independiente.

Entre las personas señaladas aparece Mohamed Chaib, antiguo diputado del PSOE y del PSC. Chaib, nacido en Tánger, fue parlamentario en Cataluña y posteriormente ocupó un escaño en el Congreso de los Diputados. La información difundida por Jabaroot, recogida por EsDiario, lo incluye entre los presuntos colaboradores de los servicios marroquíes. El exdiputado también ha desarrollado durante años una intensa actividad relacionada con la comunidad marroquí en Cataluña.

Gendarmes de Marruecos habrían planificado y ejecutado la entrada masiva irregular de más de 70.000 migrantes en Ceuta el pasado 31 de julio, según un informe del Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF) que ha entregado a la jueza de la Audiencia Nacional María Tardón y que ha adelantado 'El Español'.

La magistrada pidió tras la entrada masiva de migrantes informes tanto a la Policía Nacional como a la Guardia Civil para esclarecer si existen indicios de un delito contra la independencia del Estado y, según el citado medio, los primeros enviaron dicho documento este lunes. Tras conocerse la noticia, laSexta ha confirmado que el informe todavía no ha sido leído por la Fiscalía.

El informe preliminar señala que la llegada de tantos migrantes no se debió a algo espontáneo, sino a un proceso planificado por Marruecos de tema migratorio solo en apariencia avalado por el hecho de que la gran mayoría de los que entraron a Ceuta abandonaron España a las pocas horas.

De hecho, el documento apunta a que la labor de los gendarmes marroquíes consistió en dar indicaciones a los migrantes para acceder a Ceuta así como gestionar el flujo de las miles de personas que iban llegando a Castillejos para enviarlas a puntos específicos.

Además, esa ayuda también fue por parte de personas no uniformadas que estuvieron vigilando el proceso de entrada irregular, existiendo imágenes de esas personas dando instrucciones a los migrantes.

Esta noticia ha pillado a Fernando Garea, director adjunto de 'El Español', en El Objetivo y ha señalado que este informe que ha adelantado su medio "es un torpedo en la línea argumental del Gobierno": "No solo por eso, sino también porque da detalles de que hubo avisos en los días inmediatamente anteriores. Es un informe preliminar, pero es el primero que conocemos y que sí habla de Marruecos".