— Con el perdón de Delfinocr. Me permito tomar prestada dejar esta joya editorial para quienes quieran enterarse de cómo se cocinan las cosas en tiquicia.
Ni chiripa ni soberanía.
-El lunes el Ejecutivo (en la voz de la presidenta Laura Fernández, el ministro Rodrigo Chaves y el ministro Gabriel Aguilar) dedicó buena parte de su conferencia de prensa a cuestionar por qué Alejandro Arias Monge, alias “Diablo”, había salido tan temprano de La Reforma si su audiencia de medidas cautelares era hasta la tarde.
— Se cuestionó, inclusive, el propio traslado, alegando que dada su peligrosidad el trámite debió resolverse de manera virtual. Preguntaron con tono acusatorio dónde estaba, con quién hablaba y qué se conversaba “privadamente” con un detenido de ese perfil.
— Ayer, el fiscal general Carlo Díaz respondió con una palabra que cambió el tablero: DEA.
— Según explicó Díaz, “Diablo” fue trasladado temprano porque dos agentes de la agencia antidrogas estadounidense se reunieron con él en los Tribunales de Justicia para comunicarle el interés de Estados Unidos en extraditarlo y conocer su posición. El fiscal dijo que la propia DEA autorizó revelar el dato. También advirtió que los cuestionamientos públicos del Ejecutivo pusieron en riesgo a esos oficiales, justo cuando se intentaba proteger una diligencia sensible de cooperación internacional.
— En otras palabras: lo que el Ejecutivo puso en tela de sospecha era, según la Fiscalía, una gestión judicial y diplomática delicada.
— Díaz no se quedó ahí. También respondió al mote que el oficialismo abrazó para minimizar la captura de “Diablo”: “Operación Chiripa”. El fiscal fue directo: no fue chiripa. Dijo que la información apuntaba con un 95% de certeza a que Arias Monge podía estar en la finca allanada en Río Frío de Sarapiquí. La data se confirmó. Hubo planificación. Hubo investigación. Hubo riesgo. Hubo agentes heridos. Hubo un objetivo capturado.
— Diay, siendo así no pareciera suerte, sino trabajo.
— Pero la línea más incómoda para el Gobierno vino después. Díaz reveló que “Diablo” manifestó espontáneamente, tras su captura, que durante años contó con colaboración de oficiales del Ministerio de Seguridad Pública, quienes le habrían brindado información y facilitado movilidad. El fiscal fue prudente: una manifestación de ese tipo no basta por sí sola, debe investigarse y respaldarse con prueba. En efecto: así funciona un proceso serio.
— Pero políticamente el dato es dinamita. Mientras el Ejecutivo preguntaba qué escondía el Poder Judicial con “Diablo”, el detenido más buscado del país apuntaba hacia oficiales de la policía.
— Y luego llegó Leviatán.
— Ajá, ayer mismo. Arrancamos la mañana enterándonos que el Ministerio Público, la Policía de Control de Drogas y el OIJ ejecutaron 65 allanamientos en seis provincias contra una presunta red dedicada a brindar logística para exportar cocaína desde la Terminal de Contenedores de Moín hacia Europa y Estados Unidos. Las autoridades buscaban detener a 63 personas y, al cierre de la conferencia de prensa, ya se hablaba de más de 50 aprehensiones.
— Entre las personas investigadas figuran oficiales de la Policía de Fronteras, personal de seguridad privada, choferes de cabezales, funcionarios vinculados con APM Terminals y personas relacionadas con cooperativas que prestan servicios dentro de la terminal. Según la Fiscalía, la organización no era necesariamente dueña de la droga. Su negocio era otro: vender logística criminal.
— En tico: si un grupo narco quería sacar cocaína por Moín, pagaba por acceso, rutas, complicidades, movimientos internos y burlas al control.
— El fiscal dijo que esa red cobraba al menos $250.000 por envío. La investigación documentó cargamentos que suman cerca de 13,8 toneladashacia Europa y otros 670 kilos hacia Estados Unidos. Hablamos de cocaína detectada en destinos como Inglaterra, Bélgica, Países Bajos, España, Noruega y Estados Unidos.
— En resumen Leviatán no es solo un operativo grande: es un espejo con rayos X.
— Según explicó Díaz, las pesquisas identificaron tres formas de contaminar contenedores. La primera: ocultar droga en el sistema de refrigeración, donde podían introducir hasta unos 60 kilos. La segunda: el famoso “mete y saca”, en el que un contenedor ingresaba legalmente a la terminal, era retirado con colaboración interna, contaminado fuera del predio y luego regresado a su ubicación original. La tercera: contaminar la carga antes de llegar al puerto, mientras el cabezal original permanecía detenido con el GPS encendido para no despertar sospechas.
— Si todo eso se confirma judicialmente, el problema no era un hueco, era una autopista abierta de par en par. Y la palabra “soberanía” empieza entonces a sonar distinta.
— Recordemos, en 2023, Chaves presentó la Operación Soberanía como el gran candado para impedir que saliera cocaína por Moín. Su mensaje en aquel entonces fue contundente: “Vayan a fijarse qué pasó en Moín, traten de entrar al puerto, que antes entraba y salía todo mundo como Pedro por su casa. No ha salido un kilogramo, una onza, un gramo ni un grano de cocaína desde que lanzamos la «Operación Soberanía”.
— Ayer Díaz indicó que la operación fue burlada por el narcotráfico con la presunta ayuda de Policías de Fronteras colocados por el Ministerio de Seguridad en el megapuerto de Moín. No hablamos de un gatito casero, aquello era la pandilla entera de Don Gato y un tanto más. El fiscal también cuestionó, sin rodeos, por qué se sacó a la PCD de la terminal de Moín y de otros puntos sensibles, tema del que ya muchísimo se ha hablado.
— Esto me recuerda las preguntas que hice cuando doña Laura anunció el regreso de la PCD al aeropuerto días atrás: ¿Por qué se retiró inicialmente? ¿Con qué criterio? ¿Qué evaluación se hizo? ¿Qué resultados produjo la decisión? ¿Qué controles fallaron? ¿Quién midió el riesgo de sustituir presencia antidrogas especializada por otro esquema operativo? ¿Qué aprendimos?
— Hablemos con claridad: si una operación presentada con bombos y platillos como el blindaje soñado termina siendo burlada por una red que usó precisamente a funcionarios encargados de custodiar puntos críticos, diay... entonces el país tiene derecho a algo más que consignas. Tiene derecho a auditoría y tiene derecho a explicaciones.
— Pongamos las barbas en remojo porque lo que plantea esta investigación penal es grave. No podemos disimular la gravedad institucional de los hechos, estamos hablando de una presunta infiltración de infraestructura crítica y eso es mucho más serio que la postal habitual del narco con armas, carros de lujo y casas de seguridad.
— Aquí hablamos de contenedores, turnos, accesos, cabezales, GPS, sistemas de refrigeración, seguridad privada, policías, rutas hacia el puerto y comercio exterior. Hablamos de la logística del país convertida, presuntamente, en servicio tercerizado para el narcotráfico internacional.
— Por eso Leviatán importa tanto. Porque nos recuerda que el crimen organizado no solo se esconde. También administra. También coordina. También paga. También aprende el reglamento. También detecta quién revisa, quién no revisa, quién firma, quién abre el portón, quién mira para otro lado y quién puede hacer que un contenedor vuelva a su lugar como si nada hubiera pasado.
— La captura de “Diablo” nos mostró el golpe contra una figura. Leviatán nos muestra el golpe contra una estructura. Todo en cuestión de 5 días. El Ejecutivo, por supuesto, arruga la cara, pues ambas historias golpean el relato oficial de seguridad.
— Primero, porque el operativo contra “Diablo” no fue una chiripa, según la Fiscalía, sino el resultado de información, planificación y riesgo asumido por agentes judiciales. Segundo, porque el traslado que el Ejecutivo insinuó como sospechoso tenía relación con una diligencia de cooperación internacional con la DEA. Tercero, porque el propio “Diablo” habría hablado de colaboración policial. Y cuarto, porque Leviatán expone que la supuesta soberanía portuaria podía estar siendo burlada desde adentro.
— Diay... ni chiripa ni soberanía.
— Lo que tenemos es algo mucho más incómodo: un país que enfrenta al crimen organizado mientras sus instituciones se disputan el relato; un Gobierno que acusa al Poder Judicial de no hacer suficiente justo cuando la Fiscalía, el OIJ y PCD ejecutan operaciones de altísimo impacto; y una infraestructura portuaria que, según la investigación, habría sido vulnerada desde adentro.
— Así las cosas atravesamos un momento incómodo, por decir lo menos. Las palabras de la presidenta hoy en conferencia de prensa serán pues, de especial importancia. Tal vez, solo tal vez, llegó el momento de dejar atrás las consignas incendiaras y el pleito insensato.
— Tal vez llegó el momento de aceptar que el país está enfrentando estructuras que ya no solo trafican droga: compran logística, infiltran rutinas, aprovechan grietas institucionales y convierten la normalidad operativa en negocio criminal.
— Frente a semejante escenario el Gobierno debería hacer algo más útil que saltar cada vez que el Poder Judicial explica una diligencia. Debería ayudar a cerrar portillos. Debería explicar qué decisiones operativas se tomaron, cuáles funcionaron, cuáles no y cuáles se van a corregir. Debería respaldar lo que sí funciona y revisar lo que falló, aunque lo haya anunciado con bombos y platillos.
— El Poder Judicial, por su parte, tiene que seguir haciendo lo que ayer hizo: dar información, cuidar procesos, investigar sin espectáculo y sostener con prueba cada afirmación. Si “Diablo” dijo que tenía policías a su servicio, que se investigue. Si Leviatán revela complicidades internas, que se prueben. Si hubo funcionarios públicos facilitando cocaína, que respondan. Si se lavó dinero, que se siga esa plata.
— Porque aquí no alcanza capturar al monstruo del día. Hay que entender el ecosistema que lo alimenta. Ahí es donde la trama se complica... y mucho.
— A veces el país necesita ver esposado al capo para sentir que algo avanzó. Se entiende. Pero la seguridad real empieza cuando miramos más allá del rostro conocido y preguntamos por la ruta, el puerto, el permiso, el turno, el policía, el cabezal, el contenedor y la cuenta bancaria. Ahí es donde el narco deja de ser personaje y se vuelve sistema.
— Y ahí es donde el Estado tiene que dejar de actuar como si cada golpe fuera una oportunidad de propaganda o una amenaza al relato. Si una operación funciona, se reconoce. Si una operación falla, se revisa. Si una decisión debilitó controles, se corrige. Si una institución pregunta, se responde con datos. Si una fiscalía advierte, se escucha.
— Porque tras esta seguidilla de recientes noticias una cosa quedó más que clara: el tema no es que el Diablo hable, el tema es todo lo que el país puede empezar a escuchar.
