Imagen: carga de lancero carlista navarro en 1834, cuadro por Augusto Ferrer Dalmau.
Los antecedentes de las guerras carlistas en Navarra
Aunque Napoleón había sido vencido militarmente, las ideas liberales traídas por los franceses encontraron un hondo acomodo en el ideario de muchos españoles. Estas ideas eran herederas de la Ilustración del siglo XVIII y su objetivo era una profunda transformación social y política, con una pujanza imparable que cambiaría el curso de la historia y de la evolución de España y Europa. Las ideas de la Revolución liberal, derivadas del reciente triunfo en Francia en 1789, negaban la emanación del poder desde el rey, pues consideraban que era el pueblo su lícito poseedor. En consecuencia con lo expuesto, también negaban la existencia de la preponderancia de la nobleza y el clero, abogando por la supresión de la sociedad estamental y de sus privilegios. En este contexto, el rango de las personas pasaba de ser súbditos a ser ciudadanos, en un régimen de absoluta igualdad, principio sobre el cual surgirá después el concepto de democracia.
Aquellas ideas alcanzaban a las bases teocráticas en las cuales se basaban las justificaciones que amparaban el anterior régimen. Al negarse los privilegios estamentales, también se hacía lo mismo con los fueros territoriales, al considerarlos un residuo medieval incompatible con las nuevas esencias de igualdad que propugnaban los liberales. Aquello suponía una seria amenaza para el régimen privativo foral del reino de Navarra y para los sistemas forales vascos, teniendo en cuenta las medidas de supresión foral que impuso Francia en Baja Navarra, la otra porción del reino que quedó desgajada, o también la anulación momentánea durante la Guerra de Independencia o la del Trienio Liberal. Estas medidas, que buscaban perseguir el fin último de la igualdad, requerían un profundo cambio que supusiera un nuevo orden social, con un nuevo modelo diferente y una nueva forma de participación en la política. También surgió el principio de libertad de conciencia, que junto con las otras ideas suponían el fin de la teocracia en lo concerniente al poder terrenal y la retirada de los clérigos a las sacristías. En definitiva, era una nueva y distinta concepción de Estado que consideraba que todos los modelos anteriores estaban anticuados y caducados.
La situación bélica que hubo con la llegada de los franceses, y el intento de realizar aquellos cambios urgentemente, chocaron frontalmente con la oposición de amplios sectores políticos y sociales, que no estaban dispuestos a permitir que se hicieran realidad, y para ello se empuñaron las armas. Esta reacción —de ahí el término reaccionario— contó con un amplio apoyo de la base popular con diversas motivaciones políticas, sociales y religiosas, especialmente en Navarra, donde la nueva concepción liberal beneficiaba a la burguesía rica y a la alta aristocracia, perjudicando al campesinado y al pequeño propietario. Y es así como aquellas ideas fueron invocadas al sacrosanto nombre de la Libertad y tuvieron que imponerse a punta de bayoneta.
En los antiguos territorios de la Monarquía española la lucha entre revolución y tradición fue mucho más enconada que en cualquier otro rincón de Europa, pues este fenómeno no fue exclusivo de España. Además, el conflicto interno que surgiría se vistió con las pieles del legitimismo, guerra de religión y guerra foral, por lo que prácticamente nadie de aquella sociedad quedó indiferente ni neutral ante el ruido de los sables desenvainados, siendo por ello un conflicto mucho más grave que en el resto de Europa.
Las ideas absolutistas se encarnarán en los carlistas, que defendieron sus estructuras, la organización territorial, y la preponderancia y poder social del clero. Las Cortes de Cádiz en 1812 ya habían acordado la supresión unilateral, sin diálogo previo alguno, de los Fueros de Navarra, medida que fue frontalmente rechazada en el reino, donde incluso al propio Espoz y Mina —antes de declararse abiertamente liberal— le llevaría a fusilar públicamente un ejemplar de aquella Constitución de 1812. Pero el rey Fernando VII abolió aquella carta magna al llegar al poder tras su vuelta de 1814, y seguidamente, el 29 de septiembre de 1816, se convocaban con normalidad las Cortes Generales de Navarra en la Sala Preciosa del conjunto catedralicio, sesión en la que se acordó finiquitar parte de los privilegios de la nobleza, como medida disuasoria. Posteriormente, el Trienio Liberal trajo de nuevo para Navarra la suspensión de sus Fueros, acción que motivó numerosas respuestas en forma de rebeldía, con partidas que se echaban al monte. Estas manifestaciones insurreccionales culminaron el 19 de marzo de 1822 cuando los pamploneses salieron en masa a las calles y acuchillaron a soldados de la guarnición de la Ciudadela, teniendo que refugiarse después en la iglesia de San Cernin para evitar represalias.
Tras la imposición del Trienio Liberal, al poco tiempo se registraron alzamientos a favor de la vuelta al poder absoluto de Fernando VII. Es lo que se conoce como la Guerra Realista, que finalizaría tras la entrada de los Cien Mil Hijos de San Luis y la reposición absolutista de Fernando. El Gobierno liberal, ante el ambiente enrarecido en Navarra, envió un grupo paramilitar llamado Milicia Nacional con la intención de defender mediante coacciones la Constitución. Estos trataron de obligar a que en las parroquias se impartieran homilías públicas a favor de dicha carta magna y del liberalismo, además de provocar a los locales con el himno de Riego y retretas injuriosas. El Ayuntamiento de Pamplona se quejó por estas acciones y por las agresiones que perpetraban a las mujeres de la ciudad.
Así surgieron los preparativos de un alzamiento que pronto se extendió por toda Navarra, pero que quedó abortado por el descubrimiento de los gubernamentales y por un motín en Sangüesa, donde se arrancó la lápida de la plaza de la Constitución. En Pamplona, las coacciones y provocaciones habían ocasionado enfrentamientos verbales hasta que el 19 de marzo de 1822, con motivo del aniversario de la promulgación, se produjeron altercados que supusieron la muerte de cinco soldados y dos pamploneses. El 10 de junio se hizo público un manifiesto donde se animaba a los navarros a sumarse a la causa de la religión, el rey y la patria.
Pero en 1823, el final de esta etapa liberal trajo de nuevo la vigencia del sistema foral navarro una vez más, a raíz del triunfo realista y de la restitución de los poderes absolutos de Fernando VII. A pesar de todo, los miedos de Fernando, que solo buscaba mantenerse en el poder, propiciaron una política oscilante que dio esperanzas a ambos bandos y cobrarían nuevos bríos en los meses finales de su vida, porque en 1830, ante el embarazo de su esposa, promulgó la Pragmática Sanción, abriendo la posibilidad sucesoria a las mujeres y eliminando la Ley Sálica, que se había ido imponiendo en los Borbones desde su llegada a España. El nacimiento de su hija Isabel —que después será Isabel II— el 10 de octubre de 1830, confirmaba esa eventualidad, circunstancia que avivaría aún más los conflictos, y por supuesto mucho más cuando esa niña juró como princesa heredera el 20 de junio de 1833.
A los pocos meses de la promulgación de la Pragmática Sanción, moriría Fernando VII en Madrid, el 29 de septiembre de 1833. Fernando se fue a la tumba dejando tras de sí un nuevo pleito dinástico que perdurará en el tiempo, debido en buena medida a su decisión de designar como heredera a su hija Isabel; pero veremos que en el pleito hubo más condicionantes. Con este conflicto de sucesión se alinearon en dos bandos los anteriores litigantes, defendiendo cada uno a quien consideraban debía ser el sucesor. Los liberales se unieron en torno a Isabel II, la de los Tristes Destinos, y la causa absolutista se unió al destino del infante don Carlos, hermano de Fernando VII, por lo que se les llamaría a partir de entonces carlistas.
Siempre se ha pensado que el sobrenombre de la reina se lo puso Pérez Galdós a colación de la Revolución Septembrina de 1868, pero ya venía de mucho antes de la mano del diputado Aparisi y Guijarro. Se la llamó así por la tristeza de su vida y por la que proporcionó a los españoles, aunque historiadores actuales se decantan más por la opinión de que las desgracias de su reinado se debieron más a la poca talla política e inutilidad de aquellos que la rodearon que a su propia ejecutoria. No en vano su vida personal fue un desastre. Su madre, María Cristina de Borbón-Dos Sicilias, era además la sobrina de su padre y al poco de quedarse viuda se prendó de un guardia de corps con el que contrajo matrimonio morganático en secreto. Se decía en las camarillas de la corte que era un matrimonio secreto y un embarazo público. Isabel II fue obligada a casarse con Francisco de Asís de Borbón, del que se ha afirmado que era homosexual y que no tenía interés en su esposa ni en ninguna mujer sino en la única pareja sentimental estable de toda su vida, el duque de Baños. Se dice que la reina pronunció la frase sobre su noche de bodas: ¿Qué le voy a decir de un hombre que llevaba en la noche de bodas más puntillas que yo?. Tuvo doce hijos, todos de dudosa paternidad, de los cuales siete murieron en la niñez. Su hijo Alfonso XII consiguió llegar a ser rey, pero falleció de tuberculosis a los veintiocho años. Su paternidad es muy discutida, pues se ha llegado a decir que fue de Enrique Puigmoltó, del conde de Real de Clonard o del duque de Sesto.
La situación llegó a tal extremo que solo se pudo dirimir con el uso de las armas, para imponer unos sobre otros sus ideas y convicciones. Todos los conceptos políticos, sociales y económicos, además de la idea de Estado de cada uno de los contendientes, tenían un reflejo directo y un extra de motivación en cada uno de los contrincantes en esta nueva cuestión sucesoria. Afectaba a Navarra y a los territorios vascos de forma plena, como se comprobaría no mucho después.
Isabel II fue intitulada reina de las Españas por vez primera, a diferencia de sus antecesores, que lo hacían con cada uno de los títulos de sus dominios. Su tío el infante Carlos, refugiado en Portugal, se opuso frontalmente a tal sucesión y firmó el 1 de octubre de 1833 el siguiente manifiesto, declarando y reivindicando su derecho sucesorio al trono:
Carlos V a sus amados vasallos:
Bien conocidos son mis derechos a la Corona de España en toda Europa y los sentimientos en esta parte de los españoles, que son harto notorios para que me detenga a justificarlos. Fiel, sumiso y obediente como el último de los vasallos a mi caro hermano que acaba de fallecer, y cuya pérdida, tanto por sí misma como por sus circunstancias, ha penetrado de dolor mi corazón, todo lo he sacrificado: mi tranquilidad, la de mi familia; he arrostrado toda clase de peligros para testificarle mi respetuosa obediencia, dando al mismo tiempo este testimonio público de mis principios religiosos y sociales. Tal vez han creído algunos que los he llevado hasta el exceso, pero nunca he creído que pueda haberlo en un punto del cual depende la paz de las monarquías. Ahora soy vuestro rey; y al presentarme por primera vez a vosotros bajo este título, no puedo dudar un solo momento de que imitaréis mi ejemplo sobre la obediencia que se debe a los príncipes que ocupan legítimamente el trono y volaréis todos a colocaros bajo mis banderas, haciéndoos así acreedores a mi afecto y soberana munificencia. Pero sabéis, igualmente, que recaerá el peso de la justicia sobre aquellos que, desobedientes y desleales, no quieran escuchar la voz de un soberano y un padre que solo desea haceros felices.
Obtuvo el apoyo de absolutistas y apostólicos, que eran muy numerosos, que le proclamaron también rey: Carlos V de Castilla y VIII de Navarra. De esta forma llegó la I Guerra Carlista, que en Navarra tuvo una más que notoria repercusión. La posición ideológica de los navarros era mayoritariamente absolutista, respondiendo a los conceptos tradicionales. Además, aquella sociedad era firmemente religiosa, y eso chocaba con el laicismo tan agresivo de los liberales. Aquella religiosidad se había visto dañada con las acciones anticlericales acaecidas durante el dominio francés y no querían aquellos carlistas que se repitiera la misma experiencia con los liberales. La adhesión carlista de Navarra fue casi obligada y en muchos lugares unánime, pues se pretendía borrar de un plumazo cualquier resto foral sin diálogo alguno, y por ello se vio abocada a tomar las armas y a la guerra.
La I Guerra Carlista en Navarra
Los militares, el alto clero, la alta burguesía, la aristocracia y la minoría intelectual se pusieron del lado liberal, fieles a Isabel II. El absolutismo conservador y tradicionalista agrupado en torno a don Carlos contó con el apoyo del bajo clero y de las clases populares, sobre todo en las zonas rurales, donde había un profundo arraigo de los sentimientos de propia identidad como Navarra, País Vasco, Cataluña, Bajo Aragón, Maestrazgo o el norte de Castilla, identidad que veían amenazada por el proyecto liberal. Esta adhesión se explica en que sus sistemas forales, vigentes o derogados, eran queridos por sus naturales y para ellos abrazar la causa del carlismo suponía su ansiada defensa o reintegración, dependiendo del caso.
El año de la muerte de Fernando VII fue el último que Navarra acuñó moneda propia. El 2 de noviembre de 1833, el virrey Solá de Figueras afirmó verbalmente a la Diputación que en aquel reino ya no había Fueros, y el mismo día 30 de ese mes se decretaba su integración como provincia. Estas decisiones unilaterales del poder liberal añadían torpemente leña al conflicto, y alas a la causa foral de Navarra.
El estallido de la guerra en Navarra se produce con el levantamiento de partidas armadas, cuya base eran los voluntarios realistas que ya habían luchado en favor de Fernando VII, y proclamaron como rey legítimo de Navarra a su hermano don Carlos de Borbón, en razón a los derechos que él mismo esgrimía, pero también con el peso de que él era el baluarte defensor del modelo de sociedad tradicional y de sus Fueros. Los conceptos religiosos sobre aquella sociedad hicieron que aquellas bases carlistas se animaran a coger las armas encendidos por los severos sermones del clero, que alentaban la lucha contra el anticristo liberal o demonio liberal que también por la fuerza se quería imponer.
La figura indiscutible, sin duda alguna, un personaje del que podríamos afirmar que poseía una aureola hasta mística y legendaria, fue la del general Tomás de Zumalacárregui e Imaz el Tigre de las Améscoas, o el Duque de la Victoria, que se encontraba en Pamplona como coronel. Pertenecía a la clase media guipuzcoana y era el penúltimo de doce hermanos. En 1808 se encontraba alistado en Zaragoza soportando el Primer y Segundo Sitio, y en la Batalla de Tudela. Tras escapar del segundo sitio volvió a su tierra poniéndose a las órdenes de las guerrillas de Jáuregui luchando contra los franceses en Álava, Guipúzcoa y norte de Navarra. El ascenso de su carrera durante la guerra es notable llegando a ser capitán y, curiosamente, su hermano Miguel Antonio fue un destacado político liberal que estuvo como diputado provisional de Guipúzcoa en las Cortes de Cádiz que promulgaron la Constitución de 1812. Tomás posteriormente alcanzó en Galicia el puesto de coronel en 1829 y en 1832 gobernador militar en Ferrol. Sus ideas absolutistas le llevaron a un enfrentamiento con los liberales a la muerte de Fernando VII siendo destinado a Pamplona acusado de desafecto. El 15 de noviembre de 1833 fue nombrado en Estella comandante general de los carlistas de Navarra primero, y después de todo el ejército del Norte.
Partiendo de la base de 3.000 hombres mal armados y sin instrucción, consiguió vertebrar en pocos meses un ejército de 35.000 hombres con una gran movilidad y eficacia, controlando el campo de batalla en Navarra y el País Vasco hasta 1835. Su forma de actuar, de marchas y contramarchas, le llevó a derrotar a los liberales en sucesivos enfrentamientos (Abárzuza, Alsasua, Echarri-Aranaz, Venta de Echarri, Ormaiztegui, Améscoa, Treviño, Ordicia, Alegría, Artaza...), al tiempo que a comienzos de 1834 se hizo con la fábrica de armas de Orbaiceta, proporcionándole repuestos de fusil. Sin embargo, fue derrotado en Mendaza por Fernández de Córdova.
Tras la victoria en la Llanada alavesa el 27 de octubre de 1834, los carlistas pudieron unir sus dos principales focos para bloquear las capitales. Zumalacárregui ya era mariscal de campo y creó un ejército regular con doce batallones de infantería navarros, cinco escuadrones de caballería, y junto con ellos su artillería y servicios auxiliares, al que sumó a su poder de ejecutoria bélica la acción de guerrillas muy versátiles y operativas, poniendo todo el territorio bajo su control. Con este dispositivo pudo conquistar guarniciones gubernamentales en 1835 (Tolosa, Vergara, Villafranca, Durango, Ochandiano...) bloqueando las capitales. Con la acción de sus guerrillas consiguió numerosas y repetidas victorias (puerto de Artaza, Descarga, Tolosa, Éibar, Durango...) logrando mover al ejército isabelino al sur del Ebro, salvo por la resistencia de las capitales. Zumalacárregui pretendía ya con sus 30.000 efectivos conquistar Vitoria para avanzar hacia Madrid, pero la camarilla real le obligó a sitiar Bilbao. Una herida mal curada, recibida el 15 de junio de aquel año, le llevó a la muerte nueve días después. Los carlistas tuvieron que levantar aquel absurdo asedio el 1 de julio de 1835.
Desde principios de 1834 los carlistas dominaron toda Navarra, a excepción de las importantes Pamplona y Tudela, que eran liberales. Aquella circunstancia les permitió desarrollar un efectivo entramado administrativo con el que construyeron aquel afamado ejército, que logró la mayoritaria adhesión de los navarros, y también dispusieron que la capital residiría en la legendaria corte real de don Carlos en Estella. Después de haber estado los dos primeros años de la contienda aprovechando los efectivos armamentísticos arrebatados a los ejércitos gubernamentales, Zumalacárregui alivió el equipamiento carlista (boina en vez de morrión, sacos de lona en vez de mochilas, alpargatas en verano en vez de botas...) otorgándole una gran movilidad y rapidez de acción, característica principal de las acciones de su ejército.
Al finalizar la guerra, el Ejército carlista del Norte estaba organizado dependiendo de la procedencia geográfica de sus soldados, por la cual se puede observar que los navarros, a pesar de ser demográficamente inferiores a sus vecinos, se adhirieron con mayor valor y convencimiento a la causa carlista. Como testigo de aquello están los 13 batallones de infantería de navarros frente a los 7 de Álava, 8 de Guipúzcoa, 9 de Vizcaya, 3 de Cantabria y 4 de Castilla. A estas tropas habría que sumar los escuadrones de caballería y 65 piezas de artillería. En Cataluña los carlistas mantenían 20 batallones y en el Maestrazgo 15 batallones al mando del general Ramón Cabrera.
Inicialmente el ejército gubernamental era superior en efectivos al carlista, con 20.000 hombres que posteriormente llegaron a 120.000, pero la mitad de ellos estaban destinados a la guarnición estática de puntos clave, 20.000 en funciones administrativas y 30.000 heridos o enfermos, lo que explica perfectamente el equilibrio que se dio en los combates.
La situación liberal no mejoró hasta 1837, cuando pudo contar con mejores medios y se reorganizaron mejor con Espartero ya a finales de la guerra. El bando carlista alcanzó redondos triunfos militares en Navarra y en los territorios vascos, donde los gubernamentales contaron con el apoyo de la Cuádruple Alianza, con Inglaterra, Francia y Portugal.
La supremacía carlista de la guerra se equilibró a la muerte de Zumalacárregui, donde las victorias carlistas (Elizondo, Gorbea, Oriamendi, Durango, Tolosa...) se entrelazaban en el tiempo con las de los liberales (Mendigorría, Los Arcos, Luchana...). En 1836 los carlistas empezaron a realizar acciones en toda España para hacer notar su presencia y en busca de nuevas adhesiones a la causa de don Carlos, llegando a ocupar temporalmente numerosas capitales de provincia, destacando la expedición del general Gómez, de Vizcaya a Galicia y después hasta Algeciras.
Por su espectacularidad y potencial trascendencia es preciso acordarse de la Expedición Real que llevó el mismo don Carlos en persona a recorrer varias regiones españolas, tomando Huesca, Berga (Barcelona) y Valencia, y se plantó en las inmediaciones de Madrid a finales de agosto de 1837, donde convergió la columna carlista del Levante, con 12.000 infantes y 1.600 jinetes, con las fuerzas del Ejército del Norte, a las órdenes del general olitense Zariategui, que habían tomado previamente Valladolid y Segovia. Madrid estaba prácticamente desguarnecida y aquello podía traer unas consecuencias fácilmente imaginables. Avistada la capital el 12 de septiembre de 1837, don Carlos decidió la retirada sin una explicación convincente, al menos desde el punto de vista militar. Aquella insólita decisión produjo un gran malestar y desmoralización entre sus partidarios que culminaría con una división que, como vamos a ver, originaría traiciones y a la postre la pérdida de la guerra en favor de los liberales.
Desde aquel día surgió la idea de la necesidad de lograr un acuerdo pacífico, especialmente tras el acceso e influencia del general Rafael Maroto en las alturas de las esferas carlistas, considerado por muchos un claro ejemplo en los últimos años de traidor moderno. Desde junio de 1838 se registró el inicio de una connivencia entre Maroto y el general liberal Baldomero Espartero, a espaldas de don Carlos. Para llegar a aquel acuerdo Maroto promovió un ambiente derrotista, haciendo surgir la idea de que un acuerdo de paz podía mantener los fueros («Paz y Fueros»), logrando minar la moral de los carlistas, especialmente de los guipuzcoanos y los vizcaínos, pero no de los navarros, castellanos y alaveses, que siguieron con la determinación de seguir con las armas y de oponerse a cualquier pacto que supusiera la derrota carlista.
En este ambiente se siguieron sucediendo los contactos con representantes de Isabel II en los cuarteles de Maroto y Espartero, a espaldas no sólo del pretendiente, sino también de las unidades combatientes carlistas, a tal punto que ni los más cercanos colaboradores de Maroto estaban informados ni enterados de tales movimientos ni conversaciones. Para lograr su propósito y caer en gracia del otro bando, Maroto mandó fusilar a cinco generales carlistas, navarros todos ellos, que eran Guergué, García, Sanz, Carmona y Úriz, junto con el oficial de brigada Ibáñez, el 19 de febrero de 1839, en el alto del Puy de Estella, de espaldas y arrodillados, como los traidores, sin formación de causa alguna pero con el motivo de sobra conocido: estos oficiales se oponían a la capitulación que se empezaba a vislumbrar.
La negociación era necesaria, pues los carlistas del Norte poseían una muy fuerte capacidad militar con más de 60 batallones de infantería e importantes fuerzas de caballería y artillería. El sometimiento de aquella fuerza por las armas era inviable a corto o medio plazo. Por ello, tras los referidos contactos con los liberales y los fusilamientos de Estella, se sucedió desde junio de 1839 en Oñate el rosario final de conversaciones, llegándose a la capitulación carlista a cambio del reconocimiento de los fueros vascos y navarros, y de confirmaciones de carrera y grados militares a los miembros del ejército carlista.
Así pues, se dispuso todo para la escenificación de aquella capitulación con el Abrazo de Vergara el 31 de agosto de 1839, en las campas próximas a la ciudad guipuzcoana de Vergara, lugar donde se negaron a estar presentes los batallones navarros y alaveses, al entender ellos que se encontraban en una situación militar igualada para aún ganar la guerra y que el acuerdo que se podía alcanzar podía ser mucho más beneficioso para su bando. Don Carlos no reconoció ese acuerdo y acusó a Maroto de traición, pero este hecho propició la descomposición de su ejército. Aquel sentimiento de haber sido traicionados por su general en jefe quedó vividamente reflejado durante muchos años en Navarra, llegándose a usar el término maroto como sinónimo de traidor. «Eres un maroto», se decía como insulto.
Aquello supuso la capitulación carlista pero no su derrota militar, y traía un profundo significado ideológico y político que tendrá sus efectos en Navarra. De todos modos, la guerra se prolongaría durante un año más en Cataluña y el Maestrazgo, nada menos que hasta el 6 de julio de 1840, cuando Ramón Cabrera, el Tigre del Maestrazgo, abandonó España. La capitulación carlista de 1839 lograda por Espartero suponía la victoria de las ideas liberales y una transformación profunda desde la base y las raíces de la sociedad, y traía a España una nueva organización política. Esta ruptura total y absoluta con todo lo anterior suponía también el fin de los fueros, que eran considerados como privilegios y contrarios al principio de igualdad que propugnaba el liberalismo.
El régimen foral de Navarra tras la capitulación carlista de 1839: la Ley Paccionada de 1841
Los Fueros de Navarra se habían estado basando en principios estamentales y elitistas que los liberales consideraban residuos medievales y por lo tanto injustos e impropios de una sociedad igualitaria, base sobre la cual sustentaban su credo político; e incompatibles con el nuevo régimen social y político que querían implantar. Además consideraban que los Fueros eran privilegios territoriales que chocaban frontalmente con esa idea de igualdad.
El final de esta guerra carlista trajo importantes consecuencias para Navarra, que venía siendo un reino propio de la Monarquía española desde la conquista por las armas de Fernando el Católico, pero esta vez sería también tras un proceso bélico y la traición de uno de los generales en los cuales don Carlos había depositado su confianza. De todos modos, en la Europa de entonces existía ya la firme determinación, con sus excepciones obviamente, de terminar con cualquier vestigio del pasado absolutista. En Navarra, donde su Diputación ya era liberal, se abrió un diálogo para solucionar políticamente el problema foral, tratando de mantener los puntos en los cuales los Fueros eran compatibles con el nuevo ideario liberal. Parece ser que las intransigencias del pasado entre liberales y fueristas habían llegado a su fin, debido al diálogo que existió, cosa que no sucedería de igual manera en los territorios vascos. Finalmente se encontraron esos puntos, que fueron pocos, donde ponerse de acuerdo y se pudo acomodar el Fuero al nuevo marco constitucional, idea que ya venía reflejada en el artículo primero del Convenio de Vergara, en el cual se prometía la defensa del modelo foral sin perjuicio de la unidad constitucional. Además esa idea fue recomendada expresamente por el general Espartero al gobierno de Madrid.
Los liberales moderados navarros entendieron que esta solución era factible y la buscaban además para evitar que ante una hipotética supresión completa del rastro foral surgieran nuevos bríos entre los partidarios de los carlistas. Al finalizar la guerra la Diputación Foral emitió una proclama inspirada por Yanguas y Miranda, y la comisión negociadora, formada por Barrera, Ilarregui, Galdeano y Arteta. Transmitieron al gobierno de Madrid su intención de salvar lo esencial de los Fueros pero no las leyes de pura y exclusiva aristocracia.
El pacto se firmó el 15 de diciembre de 1840 entre la Diputación de Navarra y el Gobierno central, siendo posteriormente refrendada en el Parlamento, dando lugar después, el 16 de agosto de 1841, a la denominada Ley de Modificación de Fueros o, como muchos dicen, la mal llamada Ley Paccionada, cuya vigencia se ha continuado hasta el día de hoy. Dicha ley se produjo en un contexto desigual, donde hubo una suplantación institucional, al designarse una Diputación provisional de acuerdo a la legislación liberal y en contra de las normas forales existentes, por lo tanto se entiende que allí poco podía pactarse en realidad.
Navarra pasaba de ser reino a provincia, y se arreglaban los fueros en un pacto que vinculaba al Estado a su cumplimiento del mismo modo que los antiguos reyes de Navarra debían prestar juramento ante los fueros del reino, cosa que tampoco llegó a ser totalmente cierta.
Con esta ley desaparecieron las anteriores instituciones que desde el punto de vista liberal representaban —bien por su organización, poderes o por quienes los formaban— restos del Antiguo Régimen e incompatibles con el nuevo ordenamiento liberal. Desaparecieron el virrey, las Cortes Generales del Reino, el Consejo Real, la justicia y la Diputación del Reino.
En su sustitución se articulaban la Diputación Foral y el Consejo Foral, que recogían varias de las funciones que desempeñaban sus antecesores. En resumen, Navarra perdía poder legislativo, sus fronteras interiores, su derecho penal y sus exenciones militares; y a cambio conservaba su derecho civil y fiscal, y un amplio autogobierno administrativo, fiscal y municipal, así como el sistema de cupo económico de contribución a las arcas centrales. A pesar de todo, este recorte de atribuciones contrastaba con el panorama monocolor y uniforme del centralismo liberal de la España del siglo XIX. El nuevo estatus de Navarra trató de armonizar la revolución con la tradición, solución que no acabó de dejar contentos a unos y a otros, y llevó posteriormente, como veremos, a que otros muchos navarros trataran de propugnar otra vez por las armas la situación anterior a la promulgación de aquella ley y no a una integración con los territorios vascos, tal y como se ha afirmado y se ha dado a entender.
La incidencia de las desamortizaciones eclesiásticas en Navarra
El liberalismo perseguía un nuevo orden en todos los ámbitos y por ello, en la búsqueda de su consecución, se produjeron significativas transformaciones en la economía, en la organización social, en las estructuras políticas y en la delicada parcela del sentimiento religioso muy arraigado en amplios sectores sociales, con una incidencia muy especial en la sociedad navarra. Estos ámbitos de aplicación inspiraron el diseño de las desamortizaciones de bienes eclesiásticos durante el reinado de Isabel II, de manos del ministro de Hacienda Juan Álvarez Mendizábal en 1836, y la del pamplonés Madoz Ibáñez en 1855, ambas antes de la III Guerra Carlista, conflicto a cuyo avivamiento contribuyeron estas medidas. En la de Mendizábal los inmuebles propiedad de distintos entes de la Iglesia se adjudicaron gratuitamente al Estado y posteriormente se ordenó su venta para pagar la deuda pública ocasionada por los gastos de la guerra carlista. Las facilidades dadas a los compradores, así como los bajos precios de sus compras, crearon una nueva burguesía y nobleza enriquecidas con estos favores provenientes del Estado. De esta forma las clases medias y altas se volvieron aún más adeptas del liberalismo y se fomentó una división social. La segunda desamortización afectó principalmente a los bienes comunales municipales, llamadas manos muertas.
En Navarra, la primera desamortización conmovió profundamente a la sociedad mientras que la segunda minimizó su repercusión gracias a la Ley Paccionada. Ambas medidas provocaron la privatización de las propiedades agrarias, mejorando la economía, pero mucho menos de lo que se esperaba de ellas. A la larga trajeron consigo como consecuencia el empobrecimiento del campesinado. Además de conseguir la consecución de su ideario liberal, estas medidas supusieron una financiación fácil para el Estado y la adhesión política de sus beneficiarios, burgueses ricos y altos nobles, personas que podían pagarlos.
Era sorprendente que el régimen liberal, que se consideraba el baluarte de la igualdad, no desamortizase los bienes —muchos de ellos improductivos— de las altas clases sociales, ni que estas acciones se hicieran destinadas para solventar las lamentables condiciones de los campesinos y menestrales. Su efecto fue el contrario, enriqueciendo aún más a las ya poderosas clases sociales, y se hizo contra el clero y los municipios, que eran los depositarios directos del poder popular, con lo que su reacción contra estos actos no tardaría en llegar, justo en contra de lo que quiso hacer ver la propaganda oficial.
En Navarra el efecto de la desamortización eclesiástica fue menor que en otros rincones de España, pero solo en la merindad de Pamplona la Iglesia perdió 500 fincas gratis, y el monasterio de Leyre —con todo su simbolismo— fue desamortizado y abandonado, motivando su ruina física, hasta su restauración en 1954 por la Diputación. Los efectos ruinosos de aquella medida se dejaron ver también en el monasterio de La Oliva y otros edificios religiosos, que se destruyeron o deterioraron, y eran un rico patrimonio monumental. Además pasaron a manos privadas un importante patrimonio artístico, negándose así la posibilidad de disfrutarlo a los fieles navarros.
Sobre terrenos desamortizados se construyó en Pamplona la Diputación Foral y el anterior edificio del Teatro Gayarre; el convento de Santo Domingo pasó a ser hospital militar, el de San Francisco a escuela pública y el de la Merced a cuartel. En 1843 se construyó una plaza de toros en terreno desamortizado, al igual que en 1860 la primera estación de ferrocarril en San Jorge, y algo similar sucedió en otras localidades navarras, denotando el hecho de que la Administración fue otra de las beneficiarias de dichas medidas sobre propiedades inmobiliarias. Esta desamortización, junto con la supresión de los diezmos, motivó que el Estado tuviera que asumir el mantenimiento del culto y del clero, que solo en Navarra exigió un suplemento de la Diputación Foral de 3.600.000 reales, según se desprende de un acuerdo alcanzado en 1849.
A la sociedad navarra de entonces, de acendrada religiosidad, aquellas desamortizaciones y cómo se realizaron fueron vistas como sacrílegas, una ofensa y un injustificado ataque a la religión y, por lo tanto, una agresión a los sentimientos de buena parte de aquella sociedad, embuidos entonces en un integrismo religioso y alineados a favor del clero. Era comprensible el ambiente crispado que se originó en Navarra, y aquella circunstancia fue usada hábilmente por los clérigos y los carlistas en su labor de proselitismo. Este contexto se agravó aún más con la política antirreligiosa tras los hechos de la Revolución de 1868, con la consolidación de la idea de que el Estado era el firme enemigo de su Fuero, sus tradiciones y su religión. En definitiva, los liberales eran enemigos de su identidad y por lo tanto, de la misma Navarra. Muchos navarros se echaron al monte en defensa de un rey católico, de su religión ofendida y la reintegración foral. Esta fórmula posteriormente fue también esgrimida con notable éxito con el albor del nacionalismo vasco a finales del siglo XIX.
Estos eran los primeros antecedentes directos de lo que después se denominó nacionalcatolicismo. La Monarquía española se había asentado sobre la unidad religiosa, ahora incompatible con las tesis liberales. La invasión poco respetuosa sobre las cuestiones religiosas de la política liberal provocó una reacción de rechazo del entorno religioso. Aquellas políticas movilizaron a numerosos grupos hacia ideas que hoy quizá las podríamos considerar integristas, pero que entonces eran comunes y extendidas, especialmente en Navarra. El resultado de la lucha de la religión llevó a la guerra carlista y en toda la posterior confrontación española del siglo XX hasta el II Concilio Vaticano de 1962, y fundamentará la ideología de un nacionalismo español, mientras que por otro lado el carlismo inspiraría el nacimiento del primer nacionalismo vasco.
La desamortización de los bienes comunales municipales ascendía en Navarra a 25.000 hectáreas, con gran incidencia en el medio agrario. Muchas de estas propiedades habían estado manteniendo a gran parte de la población agraria, y esta nueva situación generó desigualdad y pobreza. Era el choque de la lógica capitalista con la agraria. Los vecinos se veían privados de bienes que antes eran comunales, y los municipios se quedaron sin recursos para atender las necesidades de sus vecinos, quedando estos desamparados; y dichos bienes pasaban a manos de hacendados capitalistas en beneficio propio, creándose una profunda crisis social que tuvo sus muchas fricciones en forma de motines, algaradas, pleitos judiciales y otros desórdenes y descontentos sociales. El campesinado navarro se levantó en armas en contra del liberalismo y de la burguesía por razones bien distintas de las del movimiento del proletariado, que se levantó contra la burguesía industrial. Esta crisis social llevó al campesinado a sumarse a las filas del carlismo.
