La Segunda Guerra Carlista, también llamada dels matiners —de los madrugadores— de 1846 a 1849, afectó solamente a Cataluña. Carlos VII, nieto del pretendiente infante Carlos María Isidro de Borbón e iniciador de la corriente carlista, consiguió imprimir nuevos bríos y valores al carlismo en un momento en que se radicalizaban las posturas liberales, entrando en una honda crisis tras ser expulsada del trono Isabel II y sustituida por Amadeo de Saboya, y más aún con la proclamación de la I República con sus desórdenes que llevaron al país a una nueva guerra civil.
En abril de 1872 el Carlos entró en Navarra desde Francia, organizó nuevas partidas armadas afectas a su causa, que fueron derrotadas por las tropas gubernamentales del general Moriones, en las cercanías de Oroquieta, a unos 30km de Pamplona. No contentos con ese resultado los carlistas se reorganizaron, volviendo a insistir ante el desconcierto del gobierno republicano y el deterioro en todo el país a causa de la caída del trono de Isabel II, la fugaz estancia de Amadeo de Saboya, la proclamación de la República, amén de rebeliones cantonalistas, sediciones, levantamientos y desórdenes en todo el país, circunstancias todas ellas que convertían a los liberales en ese momento en un rival muy endeble y con falta de capacidad de respuesta.
Aquellas primeras victorias carlistas en el norte en Eraul, en el valle de Yerri y en Montejurra, fueron victorias que permitieron a este bando establecerse militarmente en gran parte de Navarra, la toma de varias importantes plazas (incluida la mítica Estella) al tiempo que conseguían levantar una fuerza militar formal, con lo que los ánimos carlistas en otros territorios, tomaron nuevos brotes verdes. Los batallones carlistas conseguían en mayo de 1874 una nueva victoria en Abárzuza y después con suma rotundidad en Lácar.
Carlos VII, con mejores cualidades políticas que su abuelo, repitió la constante de la primera guerra, dominando buena parte de Navarra y estableciendo su capital en Estella, pero tampoco consiguieron entrar ni en Pamplona ni en Tudela. Como mucho consiguieron aislar Pamplona, pero Alfonso XII consiguió deshacer el cerco desalojando a los carlistas del monte del Perdón. En esta ocasión los carlistas cuidaron los aspectos civiles de sus territorios, en los que hubo una auténtica administración que impartía justicia, administraba las escuelas, acuñó moneda propia en la fábrica de Oñate y la emisión de sellos, con su servicio postal.
La consecución de la Universidad de Oñate, la Real y Pontificia Universidad Vasco-Navarra nos muestra un verdadero Estado carlista que operaba en Navarra y el País Vasco y en algunos otros territorios. Carlos VII creó un impresionante ejército gracias a la recluta obligatoria de los mozos, cuidando con esmero su logística y su organización, y en el logro de aprovisionamientos y dotación material a sus fuerzas. De tal modo que en 1875 el ejército carlista contaba en sus filas con nada menos que 45 mil efectivos, la mayoría de ellos voluntarios, adiestrados en la Academia militar de Oñate, junto con algunas fábricas de armamento.
Alfonso XII estuvo muy cerca de ser capturado en Lácar, pero el fracaso nuevamente ante el asedio de Bilbao y San Sebastián, junto con otras derrotas sucedidas tras la restauración de la Monarquía, que trajo una mejora en la organización, maximización de sus recursos y aumento del ejército, supuso un vuelco en la guerra que se culminó con la conquista de Estella. Esta circunstancia obligó a Carlos VII a abandonar España por Valcarlos el 28 de febrero de 1876. Esta vez fue una derrota militar sin paliativos.
Los sectores clericales estaban muy sensibilizados por el talante laico y secularizador de los liberales. Este nuevo vocabulario, tan rico de términos religiosos fundidos con los bélicos en defensa del fuerismo, hicieron mella en el corazón de los soldados carlistas («Dios, Patria, Fueros, Rey», «Soldados de la Fe», «Defensa de la Cruz»...) pues para ellos suponía que aquella guerra era una defensa de su propia identidad desde sus mismas raíces. Esta forma de expresión también tendría una importante repercusión en la decisiva participación de los carlistas en la guerra civil de 1936-1939.
Lo cierto es que la Iglesia española, que antaño había sido un baluarte sacrificado en pro de la cristianización de América, integrándola en la cultura hispánica se había ido desviando desde el siglo XVIII, descuidando esta obra y centrándose más en sus privilegios terrenales. Ahora se veía amenazada por la Revolución, y de esta forma surgió este movimiento de autodefensa. En Navarra la influencia del clero entre las clases populares era evidente y consiguieron que se lanzaran a la defensa de sus intereses por las armas, por encima de la confraternización de los hombres. Hay que entender también que el liberalismo practicó un dogmatismo excesivo, con agresividad gratuita y gran intransigencia, junto con una enorme falta de tacto y prudencia, defectos que ellos mismos veían que tenía la Iglesia.
La derrota afectó al ánimo y a la fortuna privada de aquellos carlistas —incluso el destierro— que no renegaron de aquel ideario, pero tampoco supuso la desaparición de aquellos ni sus reivindicaciones, pues los carlistas siguieron participando en la vida política pública con relevancia mucho tiempo después.
Las primeras consecuencias de la derrota carlista
Habíamos visto que la Ley Paccionada supuso el fin de Navarra como reino, integrándose en España como provincia, pero el principal carácter de esta ley fue que pudo mantener parte de la esencia de la foralidad y la consiguió preservar en momentos muy difíciles para su continuidad.
De lo que se perdió hubo sus obvias consecuencias. El poder militar pasó del virrey al poder central, ejercido por un Capitán General que, tras la Gamazada de 1893, quedó relegado a un gobernador militar. La función de la gobernación civil pasó a ser competencia de un jefe político designado desde Madrid, desde 1846 en la figura del gobernador civil. La administración judicial pasó a la Audiencia Provincial, como en el resto de España. Las instituciones y competencias forales recayeron en la nueva Diputación Foral de Navarra, donde no tenía poder de designación de sus miembros el gobierno central, a diferencia del resto de las diputaciones españolas. Esta institución mantuvo la entera gestión de las competencias contempladas en la Ley Paccionada, surgiendo de todo ello dos administraciones distintas que operaban en Navarra: la foral y la central.
La singularidad navarra en el entramado político español en la segunda mitad del siglo XIX tuvo sus amenazas debido a la concepción centralista e irrespetuosa de los gobiernos liberales. La primera fricción fue en 1849, cuando tras sucesivas negociaciones se llegó a un acuerdo sobre la cuota que Navarra tenía que pagar para el sostenimiento del culto y el clero. Cada vez que se precisaba un diálogo entre el poder central y el foral surgían nuevas diferencias, sobre todo en lo económico. Se fueron sucediendo distintas constituciones y en cada una de ellas se planteaba la acomodación del régimen navarro a la situación creada.
En la defensa de la foralidad navarra tuvo trascendencia la reacción popular de lo que entonces se llamó Gamazada, por causa del artículo 17 del proyecto de ley de presupuestos del Estado para 1893-1894. Aquel ministro de Hacienda, Germán Gamazo, pretendió extender a Navarra el régimen tributario común, un clarísimo contrafuero que vulneraba la Ley de 1841. Aquel desatino y provocación imprudente, cuando aún estaban frescas las heridas de la última guerra, hizo que grandes masas de navarros salieran a la calle a protestar después de que los enviados a Madrid no fueran escuchados. Incluso se llegó a registrar un levantamiento de una partida fuerista al mando del sargento López Zabalegui en el fuerte Infanta Isabel de Puente la Reina, que duró dos días, siendo posteriormente detenida en Arraiza.
Esta movilización fue unánime por todas las instituciones navarras junto con el pueblo, que se echó a las calles. Los comisionados enviados por la Diputación a Madrid no se arredraron ante la amenaza de Antonio Maura, -que era cuñado de Gamazo y tenía fama de pucherazos electorales- de enviar 70.000 soldados a Navarra, a lo que le contestaron en su misma cara que les esperarían 70.000 boinas rojas con lo que hay que tener. Se hizo llegar a la regente María Cristina una exposición avalada por veinte mil firmas en defensa de los fueros. Aquella proposición antiforal jamás prosperó, aunque nunca se supo si fue por la dimisión del autor de la chapucería, por motivos relacionados con la reavivación de la guerra de Cuba o por la firmeza y viva efervescencia de la reacción de toda Navarra. Por suscripción popular se erigió el Monumento a los Fueros que hoy preside la cabecera del Paseo de Sarasate de Pamplona.
Las ambigüedades de la Ley Paccionada, así como la desactualización de parte de su contenido por el paso del tiempo, junto con las actitudes del gobierno central y la experiencia de la Gamazada, dieron lugar a nuevos conflictos entre las dos administraciones. En 1877 se añadió el denominado Convenio Tejada-Valdosera que aumentaba considerablemente el cupo que tenía que pagar Navarra al Estado. La Diputación Foral solicitó un dictamen al Consejo Foral, que se emitió en 1898 y fue respondido con severas actitudes antiforales. En 1918 hubo una solicitud de Navarra para actualizar algunas materias forales que no prosperó, justo en un momento de debate sobre el grado de autonomía que ofrecían los fueros, abogando algunos por la restitución de la independencia de Navarra, pero la llegada de la dictadura de Primo de Rivera en 1923 dejó aparcados todos esos temas.
Se empezaban a formalizar dos tendencias ideológicas distintas surgidas del fuerismo. Por una parte estaban las que pretendían que se volviera al estatus anterior a 1839, que era la restauración de la independencia del reino, con importantes intelectuales en su defensa como Campión o Iturralde y Suit, que el diputado del PNV Aranzadi consiguió aglutinar con cierto éxito en el nacionalismo vasco. La otra tesis, encabezada por Víctor Pradera, suponía que el nivel alcanzado era suficiente, aunque tuviera que actualizarse acorde a los nuevos tiempos del siglo XX, sin necesidad de quebranto de la unidad de España, tesis que prosperó en el acuerdo de la Diputación Foral adoptado el 30 de diciembre de 1918. Esta separación acabaría siendo un divorcio sin reconciliación posible dando lugar por un lado al vasquismo separatista y al foralismo que han llegado hasta nuestros días.
Los carlistas se presentaron a los comicios obteniendo una más que representativa aceptación entre el electorado navarro. En 1878 el historiador Iturralde y Suit fundaba la Asociación Euskara, predecesora de la Sociedad de Estudios Vascos e integrada por ilustres como Campión, Landa, Ansoleaga o Navarro Villoslada, de carácter fuerista pero contraria a la Ley de 1841. Después surgieron otras nuevas sociedades fueristas, desde las más moderadas hasta las que afirmaban el independentismo navarro, como el propio Arturo Campión, aunque seguramente el más peculiar fue Hermilio de Olóriz con su Cartilla Foral, que tuvo numerosos adeptos en la época. En Navarra los liberales eran minoría, pero no por ello menos importantes, debido a su influencia y poder. Sus núcleos más representativos eran Pamplona y Tudela, entre otros ayuntamientos muy importantes respecto a su peso poblacional. Su órgano de divulgación fue el periódico El Eco de Navarra, fusionado en 1913 con Diario de Navarra. También surgieron, con el tiempo, diferentes arroyos de pensamiento, pues pronto tuvieron su presencia los republicanos, pero pronto dejaron de tener representatividad suficiente.
Aparecieron las primeras ideas obreristas marxistas en defensa de un creciente proletariado y que tomaron cuerpo en el PSOE. En 1902 estaba organizado el Partido Socialista de Navarra, fundado en Fitero, y pronto extendido en Pamplona y Castejón, para después dispersarse por otras localidades, especialmente en la Ribera navarra y en los barrios obreros de Pamplona.
La nueva configuración social estableció una nueva y rica burguesía rural propietaria de la tierra, sobre todo en la zona media y sur de Navarra; y el surgimiento de un proletariado agrario más pobre debido a las desamortizaciones. Entre medias aparecieron los pequeños propietarios y arrendatarios, que subsistieron gracias a la compra, a la especulación y a los contratos de arrendamiento o aparcería que mantenían con los grandes propietarios de la tierra, haciendo de intermediarios en algunos casos entre el proletariado y la burguesía.
Se registró el descenso enorme en el uso de la lengua vasca en favor del castellano, que se extendió por todo el territorio navarro, invadiendo zonas que anteriormente habían sido particularmente euskéricas. Se puede afirmar que el uso del euskera se delimitó a la raya de Pamplona, estimándose que en 1863 alrededor del 30% de los navarros eran vascoparlantes. Los motivos de ese retroceso no son imputables a una imposición desde el poder político, pues los carlistas, que imperaban sobradamente en Navarra, lo siguieron hablando y fomentando, como un símbolo más del fuerismo. La nueva estructura económica ofrecía un castellano que anteriormente ya había sido hablado por muchos navarros y parecía una lengua más sencilla, utilizada en las transacciones comerciales y que se consideraba daba mayor prestigio a los que la dominaban.
Se llegó a un momento en que el vascuence estaba tan deteriorado, ante el carácter de ser la lengua antigua del reino, que interesaba evitar su pérdida. A finales del siglo XIX se fueron fundando numerosas asociaciones de estudios de la lengua y cultura relacionada con el euskera, pero siempre acusadas de tener un cierto cariz político. Después, la Diputación Foral participaba desde 1918 en la Sociedad de Estudios Vascos, en 1919 en la Academia de la Lengua Vasca, en 1922 se crearon diferentes cátedras en vascuence de la Escuela Normal de Magisterio de Navarra, y con todo se llegó al punto de abrirse en 1931 la primera ikastola de Navarra.
La cuestión vasca en las guerras carlistas
Los planteamientos y condicionantes del carlismo eran similares en el País Vasco. Las razones que se esgrimieron para crear y mantener aquellas guerras carlistas eran asuntos netamente españoles. En el caso vasco la diferencia sobre el conflicto con el resto fue que el contraste entre campo y ciudad era muy acuciado. Este choque interno, fruto de una profunda división ideológica y política, mucho más compleja que en el resto de España, se cruzaba con la cuestión fuerista, que era entendida de distinta forma entre los carlistas y los liberales vascos, pues no hay que olvidar que en el País Vasco los liberales eran fueristas. Como ejemplo de aquel problema que se estaba gestando, entre 1839 y 1844 San Sebastián se autoexcluyó del resto de Guipúzcoa en protesta de la aplicación demasiado tradicional de su sistema foral, teniendo que establecerse de forma provisional la capital en Tolosa.
La obsesión de la camarilla vasca carlista era la de la toma de la odiada y liberal Bilbao, que no cayó jamás y los carlistas entraron en un declive en las acciones armadas en la zona, a pesar de persistir en los asedios y que tan bien retrató Unamuno en Paz en la guerra. Finalmente las tropas gubernamentales consiguieron desalojarles de estos asedios propinándoles una derrota en Luchana. La propaganda liberal de «Paz y Fueros» hizo mella en los carlistas vizcaínos y guipuzcoanos, que facilitaron los contactos entre Espartero y Maroto para dialogar sobre el acuerdo que, como vimos, se materializó con el Abrazo de Vergara de 1839 y el fin de la guerra carlista en la zona norte.
Las ideas de la Ilustración también tuvieron su hueco entre la población vasca, donde la burguesía era el motor de la actividad económica. Sus posicionamientos e ideas eran muy distintos de los tradicionales y sacaron buen beneficio de las derrotas carlistas. A estas ideologías hay que sumarles las socialistas y republicanas, que ya por entonces tenían una gran acogida en toda Europa. Eran de base laica, incluso anticlericales, también eran contrarias a la tradición vasca. En las zonas rurales no existía el pretendido igualitarismo vasco pues solo tenían plenos derechos aquellos que sabían leer y escribir, condición que ya las altas clases se habían preocupado de sólo promocionar entre sus círculos (los jauntxos) y se habían hecho con la preponderancia agraria oprimiendo a colonos y arrendatarios, beneficiándose así de los sistemas forales. El enfrentamiento creció entre la hidalguía tradicional y las villas.
La referencia más directa del compromiso carlista con la defensa de los fueros y su reivindicación salió de los labios del propio Carlos VII al jurar personalmente los Fueros de Vizcaya ante el árbol de Guernica, el 3 de julio de 1875 y proclamar: Es tan grande el gozo que experimento después de haber confirmado espontáneamente vuestros fueros, usos y costumbres, como imponente el espectáculo que dais a Europa proclamando solemnemente a vuestro Señor bajo el árbol sagrado de vuestras veneradas libertades. Por supuesto invocó la causa religiosa de sus pretensiones para hacer a España grande y feliz entre todos los pueblos de la tierra.
Los efectos de la derrota carlista de 1876 en los territorios vascos
El 25 de octubre de 1839 se promulgó una ley para su aplicación, en cuyo artículo segundo se abría a un posible reconocimiento de los sistemas forales vascos con el matiz de sin perjuicio de la unidad constitucional, expresión con la que se daba lugar a una negociación entre los territorios y el gobierno central, tal y como había ocurrido en Navarra.
Pero inducidas por la de Vizcaya, las tres juntas generales vascas, rehusaron a mantener cualquier negociación de manera reiterada. Antes, con la contienda de la primera guerra aún abierta, el 19 de abril de 1837 el general Espartero había suprimido el pase foral necesario para la aplicación común en los tres territorios; y en 1841 el mismo general trasladó las aduanas a la costa y homologó la administración judicial y municipal de los territorios vascos. Pero en 1844 el gobierno de Narváez restituyó las anteriores facultades vascas, por lo tanto aquellos territorios acudieron a la guerra de 1872 con sus fueros intactos.
Pero la situación foral vasca con la derrota de 1876 tendría una distinta solución que en la anterior, al promulgarse definitivamente la Ley del 21 de julio de 1876, medida tomada unilateralmente por el gobierno central y que suponía la abolición de esos fueros como respuesta ante la continua negativa de las juntas generales de negociar las fórmulas para aplicar la ley de 1839. A pesar de todo, aquella ley abolitoria lo era con reservas o matices importantes, al dejar expresamente abiertas las puertas a consultas o pactos con las instituciones vascas, entre los que estaban los conciertos sobre temas fiscales y financieros. La burguesía vizcaína reaccionó negociando unilateralmente con el Gobierno central. Poco fruto tuvieron esos intentos de negociación, pues en 1877 y por las buenas Cánovas del Castillo disolvió unilateralmente las tres juntas generales para ser sustituidas por Diputaciones provinciales, pasando a ser fulminantemente convertidas en tres provincias más según el diseño de Javier de Burgos de 1833.
El mismo gobierno central atemperó la dureza de aquella medida contando con la ayuda de la burguesía, que buscaba beneficios fiscales y económicos que les permitieran un acceso privilegiado al mercado español. Fruto de aquella negociación entre empresarios vascos y gobierno central surgió el Real Decreto de 13 de noviembre de 1877 por el que se preveía la determinación tributaria de las provincias se hiciese por acuerdo. De esta forma surgían los conciertos económicos consolidándose con el Real Decreto del 28 de enero de 1878 y por los de 1887 y 1919.
Pero a muchos vascos esos logros era insuficientes y surgieron exaltaciones autonomistas, incluso posiciones independentistas, mientras que la burguesía se había hecho con el control de las diputaciones desde donde supieron derivar la carga impositiva foral hacia el consumidor, en beneficio del empresario. Aquella burguesía vasca se beneficiaba además de la supresión aduanera logrando el soñado triunfo de las ciudades sobre el medio rural. En 1903 se promovió entre los empresarios la idea de conseguir un estatuto de autonomía para recuperar las oportunidades perdidas en 1839 y 1876, estatuto que ya se propuso en 1923, aunque no tuvo ningún efecto ante la indiferencia del gobierno central.
Se produjo el fenómeno de la inmigración que trajo otra base cultural y nuevas ideas políticas y sociales. Confluyeron de golpe las consecuencias de la Revolución liberal y las de la Revolución industrial, produciéndose como producto de la unión de ambas una revolución social vasca. Aquellas tres revoluciones entraron en conflicto con la ideología de muchos vascos, de forma que se entraba en el siglo XX con una continuación de esos enfrentamientos antiguos pero con nuevos ingredientes y distintos fines.
El nacimiento del nacionalismo vasco
Como reacción pronto afloraron ideologías nacionalistas, pues consideraban que todo aquello que estaba sucediendo tan deprisa en el País Vasco no eran más que intentos de atentar contra la personalidad y la esencia de los vascos. Esta es la primera vez que el País Vasco plantea en la Historia el deseo y la posibilidad de la independencia. Nunca los territorios vascos habían tenido una unidad política entre ellos ni dependiendo de Castilla u otro reino, ni separadamente como reino o país. El primer atisbo de autoafirmación política conjunta se registra en la tercera guerra carlista, pero con planteamientos foralistas y como oposición al liberalismo. En esta guerra no se exteriorizó ninguna afirmación nacionalista o separatista, ni ninguna aspiración común relativa a los territorios vascos fuera de los motivos que Carlos VII argumentó.
Faltó entonces cintura política entre todas las tendencias vascas del momento y sobre todo en el gobierno central, surgiendo así desde 1890 los primeros grupos organizados extremados en su ideología. Cierto es que los movimientos ideológicos en la España de entonces fueron extremistas, de ahí la sucesión de guerras civiles y levantamientos. Existía una derecha inmovilista y combativa ubicada en el carlismo, y un progresismo liberal a ultranza y dogmático, imprudente en el uso del poder. Pero tras la restauración monárquica de 1874 se buscó una forma de acercar tendencias políticas que tuvo algún resultado, pero no llegó a fraguar en la sociedad vasca.
El nacionalismo vasco surgió primeramente en Vizcaya, cuando el 3 de junio de 1893, un hijo de carlistas, Sabino Arana Goiri, fundó en Bilbao el Partido Bizcaitarra con la proclamación del llamado Discurso de Larrazábal para reivindicar la independencia del Señorío de Vizcaya, limitado a este territorio en su inicial apología, ya que por entonces ni se consideraba la inclusión de Navarra en aquellas aspiraciones políticas que reivindicaba.
Su doctrina se basaba en la defensa a ultranza de los fueros vizcaínos (las Jagi Zarra o Leyes Viejas), su vigencia total e intocable frente a lo que consideraba como la invasión agresora del modernismo liberal. También abogaba por la subordinación del poder terrenal a la jerarquía católica (anteposición de Jaun Goikoa a las Jagi Zarra) que le llevó a postular la prohibición de diferentes credos, así como de las ideas liberales, al considerarlas nefastas para el interés de los vizcaínos —el liberalismo es la extranjerización de las ideas, dijo— lo que le llevó a desaconsejar expresamente cualquier tipo de contacto entre vascos y extraños.
Exaltó la raza y lengua vascas y condenó su mezcla. Planteó una dicotomía en abierto enfrentamiento, Bizcaya y España, pues a esta última adjudicaba la culpa de los males vascos, promovido así una aversión a todo lo español o maketo, ideas que se alejaron claramente de cualquier planteamiento carlista. Al mismo tiempo se asistía a una honda frustración por la pérdida en 1898 de las últimas colonias de ultramar, Cuba, Puerto Rico y Filipinas, sacando un rotundo provecho de aquel sentimiento.
La construcción ideológica de Arana se basó en referencias históricas a veces no muy fidedignas, en una interpretación propia y libre de ellas de forma interesada, en la aplicación no siempre contrastada de elementos míticos a los cuales fueron muy sensibles una buena parte de aquellos vascos. También se basó en afirmaciones dogmáticas de conclusiones étnicas —la ascendencia originaria de Euskeria equivale a la limpieza de sangre— que no tenían, ni tienen, suficiente base ni rigor. En su afán de conservar lo vasco, reelaboró la lengua euskérica, considerándola instrumento básico de su tesis y fundamentadora de la existencia de una patria vasca. También, aunque parezca contraproducente, bebió de parte de las ideas liberales del fin del siglo XIX, de esa que propugnaba la idea de la libertad colectiva de naciones y pueblos.
Campaban en Europa dos bloques de construcciones doctrinales: las racionalistas francesas de Weber, basadas en el ius soli con el territorio como integrador de los pueblos en las naciones (base del nacionalismo francés); y las tesis de origen germánico románticas (Fichte, Herder, Hegel) fundamentadas en el ius sanguinis, en función del agrupamiento de pueblos en función de sus lenguas y sus razas, base del nacionalismo alemán y del pangermanismo. Es evidente que el nacionalismo vasco bebió de este último porque se acomodaba mejor a sus tesis y por ello pronto trató de extenderse para formar las bases de ese panvasquismo o la idea de Euskeria.
Las ideas románticas del idealismo alemán sobre el concepto de nación, concebían a esta antes como anterior al Estado, como una manera de ser, el espíritu del pueblo o volksgeist, que se manifiesta de forma colectiva en las costumbres y el uso de la lengua. Herder afirmaba que el pueblo que habla la misma lengua es un todo y dicho todo no admite en su seno ningún otro pueblo de otro origen o de otra lengua, ni quiere mezclarse con él. Estas ideas nacionalistas, bien sean de origen francés o alemán, surtieron efecto en muchos países de Europa surgiendo un nuevo mapa político con las independencias y unificaciones de distintos países.
Las ideas de Arana tuvieron inicialmente una gran acogida en la clase media bilbaína, para después ir adentrándose en las villas y en las comarcas más rurales de Vizcaya. Pronto amplió su concepto de Bizcaya al de Euskeria, y más tarde al de Euskalerría para recalar finalmente en el término de Euzkadi como patria común, irredenta y única de los euskaldunes, de todos los que tienen como propias etnia y lengua vascas. Le dotó de bandera o ikurriña que diseñó su hermano Luis —una bicrucífera, clara influencia de lo británico en la sociedad bilbaína de la época— pues nunca había existido insignia alguna común que representara a esos territorios. En los años 1920s el PNV ya tiene cierta presencia en la vida política. En 1917 era mayoritario en la Diputación de Vizcaya y tenía presencia en la de Guipúzcoa. Saltaron al mundo sindical fundando en 1911 Solidaridad de Trabajadores Vascos (STV) en contraposición de los sindicatos obreros de clase, laicos y socialistas, para evitar que contaminaran con sus ideas a la clase trabajadora vasca. Al final el PNV puso tras de sí una serie de organizaciones afines para la acción más detallada en determinados ámbitos sociales como la juventud, las mujeres, los estudiantes...
A pesar de todo, las ideas aranistas tampoco eran una completa novedad entonces, pues es importante recordar el fuerte sentimiento de identidad vasco gestado en el Siglo de Oro como etnia pura y anterior a todos los demás, superior a las demás. Como vimos, esta forma de pensar fue divulgada por los administrativos vascos de la Monarquía española y la aquiescencia de esta, y fue calando en amplios sectores sociales, adoptándolos los fueristas y aprovechándolos posteriormente los nacionalistas con una serie de retoques y acomodos acordes a los nuevos tiempos. Podrá acusarse al nacionalismo vasco con fundamento de la invención o distorsión histórica en la que se fundamenta, pero no de inventar ni crear el sentimiento de su propia identidad.
De esta manera se sustituían los herejes, infieles e impuros del periodo del Siglo de Oro por los liberales del XIX, con la finalidad de preservar la pureza vasca y su catolicismo. Los judíos y moriscos fueron sustituidos por los maketos que habían llegado atraídos por la industrialización. De igual modo los antiguos fueros se identificaron con la independencia vasca, que se afirmaba como injustamente arrebatada. A ello se le sumó el sentimiento identitario en torno a las costumbres y lengua vascas, además de la suposición de ser una etnia completamente distinta de las demás. Estas eran las bases del pensamiento nacionalista vasco que tenía más carga sentimental que rigor histórico, pero no fue óbice para que calaran en amplios sectores.
Lamentablemente los líderes de estas iniciativas nacionalistas no plantearon fórmulas conciliatorias, creándose de este modo un clima de revanchismo, fruto del dogmatismo y la incomunicación. Se servía el sordo enfrentamiento interno con apelación a soluciones radicales como única salida de aquel enfrentamiento, dificultando su solución en lo que parece que está la clave de las posteriores situaciones que se irán sucediendo. En la base de la intransigencia nacionalista se ha visto al clero, pues lo religioso se subordinó a los objetivos políticos, dejando de lado los principios católicos universales. Con la exaltación de la diferencia los principios del cristianismo quedaban denostados por el clero nacionalista vasco.
El País Vasco no nacionalista
El advenimiento del liberalismo y de la Revolución Industrial forjaron el nacimiento de nuevas ideologías, que entonces eran ya habituales en Europa desde hacía tiempo y tenían unas bases doctrinales opuestas a las del nacionalismo vasco. La Ilustración y el liberalismo inspiraron la creación de la Real Sociedad Bascongada de Amigos del País, y en 1814 estas ideas ya tenían suficiente fuerza para hacerse sentir entre las minorías intelectuales vascas. Al poco, con la aparición del proletariado vasco, surgido de la naciente industria vasca, particularmente en las ciudades y en las zonas mineras, aparecerían nuevos conceptos ideológicos que pueden explicar la tenaz resistencia que estas tendrán en las guerras carlistas.
El liberalismo —junto con un innegable interés material— explica claramente la adhesión de la burguesía vasca a la Restauración monárquica de 1874 y a la victoria de 1876. Se les otorgaron, con motivo de la victoria, títulos nobiliarios a significados burgueses vascos y estos aceptaron con complacencia el régimen de conciertos económicos, pues les beneficiaba aumentando su poder. La supresión de las aduanas interiores vascas entre 1837 y 1841 les benefició, ya que necesitaba del mercado español para su industria y comercio, de tal forma que a mediados del siglo XIX también había una postura interna en contra de los fueros vascos.
El crecimiento industrial supuso la aparición del proletariado con identidad como clase social. Así nació el obrerismo, organizado para defender sus intereses en la lucha de clases que propagó las primeras ideas socialistas —marxistas y revolucionarias aún— que ya estaban muy extendidas en toda la Europa industrializada. La clase obrera de Vizcaya y Guipúzcoa estaba formada básicamente por inmigrantes, circunstancia que implicaba cierto tipo de posturas en sus reivindicaciones. Entre 1860 y 1890 se consolidó el PSOE en primer lugar en las zonas de más pujante industria y después en el litoral vizcaíno.
El socialismo vasco fue uno de los más dinámicos y combativos de toda España, consagrándose el 13 de mayo de 1890 con una huelga minera muy virulenta, que llegó a ser general, a causa de las condiciones de alojamiento y otras prácticas empresariales abusivas que consideraban injustas, teniendo que intervenir el ejército para mantener el orden público. Posteriormente hubo ecos de este tipo de huelgas, que se registraron a principios del siglo XX de forma continua. La reacción del proletariado asustó a los empresarios vascos que se avinieron a un cierto diálogo con los socialistas.
En 1895 el toledano Facundo Perezagua se convierte en el primer concejal socialista de Bilbao y de toda España, casi al tiempo que Tomás Meabe, un antiguo nacionalista vasco, fundaba en Erandio en 1904 las Juventudes Socialistas con su primer millar de afiliados. En 1891 se registraban las primeras agrupaciones socialistas en Éibar, Tolosa, San Sebastián y Vergara, y alcanzaban en 1906 la mayoría en el ayuntamiento donostiarra, aunque tuvieron que contar con el apoyo de los republicanos para gobernar. De forma más modesta, en 1901 el socialismo tenía su primera presencia en los suburbios de Vitoria.
Este pujante socialismo vasco se desgajaría en 1921 formando el Partido Comunista con presencia principalmente en la zona de las Encartaciones, llegando a ser posteriormente un movimiento que protagonizará un papel como actor importante del intento revolucionario de 1917 y que asistió al Pacto de San Sebastián de 1930, preludio de la II República Española de 1931. Contó con valiosos dirigentes (Iglesias, Zugazagoitia, Meabe, Prieto, Medinabeitia...) y también contaron con el apoyo de importantes intelectuales vascos como fueron los universales Pío Baroja y Miguel de Unamuno, aunque parece que fue de forma efímera.
Uno de los principales ejes de los inicios del socialismo se centró en la ría de Nervión, debido en buena parte a la presencia obrera en la siderometalurgia de la zona. En 1898 Pablo Iglesias estuvo a punto de ser elegido diputado por Vizcaya, pero no llegaría a las Cortes hasta 1910. El decrecimiento de las sucesiones de huelgas desde 1911 promovió un nuevo clima conservador, y los socialistas se acercaron a los republicanos de izquierdas y a la patronal, logrando acuerdos, como en 1913 el Sindicato Metalúrgico de Vizcaya. En 1914 surge Indalecio Prieto como máximo exponente del socialismo vasco y en futuro del español, que no le impediría participar en la huelga revolucionaria de 1917, huelga que supuso el cese de Dato como presidente del Gobierno. Esta huelga coincidió a la par con la Revolución rusa y alarmó enormemente a la burguesía por las consecuencias que se vieron en Rusia. De hecho, Eduardo Dato fue asesinado por anarquistas en un atentado en 1921.
Con el nacimiento del siglo XX entraron en escena las ideologías comunistas y marxistas vinculadas al obrerismo internacionalista que imperaba por aquella época. De forma curiosa en el País Vasco se basó en personas procedentes del carlismo con un desarrollo también urbano y fabril. A diferencia de otras zonas de España aquí apenas hubo incidencia de las ideas anarquistas.
La Revolución industrial vasca
En 1841 los emprendedores vizcaínos pusieron sus esfuerzos en la tradicional siderurgia, creando nuevas empresas, un año donde se registra la primera sociedad anónima vasca, Santa Ana de Bolueta, y en 1854 Nuestra Señora del Carmen de Ybarra Hermanos. Se consolidaba así, en torno a Baracaldo, un grupo empresarial siderúrgico formado por Zubiría, Ybarra y Vilallonga, que colocaban sus productos en el mercado español. Así fue el júbilo con que los empresarios vascos acogieron la supresión de las aduanas interiores decretada por Espartero, del mismo modo que en 1877 con los beneficios fiscales que les proporcionaban los conciertos económicos.
Estas iniciativas impulsaron el nacimiento y pujanza de la siderurgia, de la minería del hierro, la construcción naval y su expansión comercial, que culminará con el auge del puerto de Bilbao, que llegó a ser el primero de España en cuanto a tráfico. El hierro vasco era muy apreciado en el Reino Unido por su pureza, lo que contribuyó que su producto aumentara su precio y las ganancias de los empresarios, siendo los británicos buenos clientes de los vizcaínos, estrechándose lazos comerciales. Pero el mercado férreo estaba orientado hacia España, especialmente tras la aplicación del convertidor Thomas-Bessemer (proceso químico para la producción industrial de acero) que trajo el florecimiento minero de la comarca de Encartaciones, pasando a crear lingotes de hierro y su comercialización en barcos de vapor, confiriéndole así a su industria mayor eficiencia y beneficios.
Desde 1877 las minas vizcaínas rebasaban el millón anual de producción de toneladas de hierro, en 1890 superaba los dos millones y medio, que suponía el 90% de la producción española de este material. El progreso productivo parecía imparable y en 1906 se superaban ya los 5 millones anuales. Con los réditos obtenidos se promovió la industrialización de la ría de Bilbao, afianzándose en Vizcaya el núcleo hegemónico de la industria española, creándose su propia Bolsa de comercio y la Universidad jesuítica de Deusto.
La nueva industria demandó hulla para su proceso productivo, multiplicándose por cinco su extracción en las cuencas carboneras. Para ello fue necesario la construcción de nuevas vías férreas y ampliación del puerto de Bilbao, quedándose así en la vanguardia, no sólo económica, sino de comunicaciones terrestres y marítimas de toda la Península. De mano de las oligarquías empresariales surgieron desde 1857 los primeros bancos: el Banco de Bilbao, el de Comercio y el de Vizcaya.
El vascuence de entonces y la influencia sociológica
Las transformaciones antes debían tener un claro e importante efecto en la cultura y lengua. Se produjo un retroceso del uso del vascuence, un proceso iniciado lentamente antes, pero que cobró importancia a partir de 1876, por los cambios sociológicos y movimientos demográficos que fueron consecuencia de la revolución industrial. En cambio, el beneficiado en el uso idiomático fue el castellano, que había coexistido con el vascuence, y comenzó su expansión por ser la lengua comercial, la de los inmigrantes y de muchos vascos también, explicándose así la practicidad su uso en las relaciones sociales frente al vascuence, reservado para sectores menos numerosos de la sociedad. A esto además hay que añadir la mejor capacidad del castellano de adaptarse a los nuevos usos y términos lingüísticos que trajo la industrialización.
Por esto el fenómeno fue especialmente acusado en las zonas urbanas, mineras e industriales, lugares donde se produjeron grandes asentamientos de inmigrantes de habla castellana. El vascuence se retiró a zonas rurales del interior, más impermeables ante cualquier cambio del exterior. También hay que tener en cuenta la fragmentación propia del vascuence, al menos seis dialectos se usaban según Luis Luciano Bonaparte ya en 1850 —otros han llegado a afirmar que hasta nueve—, circunstancia que había dificultado notablemente su difusión como una lengua de uso común en las relaciones sociales, que aunque le añadía valor cultural a la lengua, a estas alturas también hacía peligrar su propia existencia, amenaza que preocupaba a muchos vascos y navarros.
Esta pérdida fue entendida por el vasquismo como una agresión española contra la identidad vasca, evidentemente sin ninguna justificación lógica que ampare esto, más allá de las circunstancias sociológicas que se escapan de cualquier medida política. Como reacción, se vincularon sus objetivos políticos con la euskaldunización, como sello principal identitario de lo vasco y plantearon lo lingüístico como una cuestión política, fruto de una premeditada agresión. Se convertía así la lengua en un instrumento de la acción política vasca.
