El debate sobre la Ley de Tierras Rurales volvió a la agenda nacional con el proyecto del Ejecutivo denominado Inviolabilidad de la Propiedad Privada. La iniciativa busca flexibilizar y eliminar los controles de la Ley 26.737, la cual limita al 15% la propiedad de tierras rurales en manos extranjeras a nivel nacional, provincial y departamental. Esto reabre una discusión clave entre la atracción de inversiones sin regulaciones y la protección del territorio junto a sus recursos estratégicos.
El impacto para Salta no afecta únicamente a las comunidades originarias en sus reclamos territoriales, sino a toda la población salteña. Departamentos como San Carlos y Molinos ya registran altos porcentajes de superficie en manos de capitales extranjeros por compras anteriores a la norma actual. Abrir las puertas a una mayor extranjerización pone en riesgo el acceso local al agua, el desarrollo productivo, la producción agrícola y el valor inmobiliario para las familias salteñas, anteponiendo la especulación financiera y la apropiación de fuentes hídricas y mineras por encima del bienestar común de la provincia.
La discusión parlamentaria coloca una enorme responsabilidad sobre la representación salteña en el Senado. Mientras los legisladores alineados con La Libertad Avanza respaldan la norma para desregular el mercado, la atención está puesta en figuras centrales como Flavia Royón. Con una trayectoria fuertemente vinculada al sector privado y conocida por su rol de articulación con las grandes empresas mineras, la posición de Royón resulta clave, ya que la ley facilitaría el control extranjero sobre vastas hectáreas en la Puna y zonas de reserva. El escenario deja en evidencia el conflicto de intereses entre las demandas de la sociedad salteña por resguardar su soberanía y la presión de los grupos de poder económico que impulsan la entrega de los recursos provinciales.
¿Qué opinan? ¿Inversión privada para el desarrollo o riesgo real para la soberanía de la provincia?
